¿Es perfecta la propuesta constitucional que deberemos aprobar o rechazar en diciembre? Por cierto que no. No existen textos constitucionales, leyes, partidos políticos o candidatos hechos a la medida de las preferencias de cada cual; y en política rara vez se elige entre el óptimo y lo bueno, sino más bien entre dos opciones: una un poco mejor que la otra. En esta ocasión creo que, como escribió Sofía Correa, “lo que está en juego no es un texto constitucional, sino el contexto político en el cual se juega el futuro del país”. Los historiadores, al revés de los juristas, somos escépticos respecto al poder de las constituciones, las cuales pueden evitar muchos males, pero no resuelven todos los problemas. Es más, sabemos que ellas no solo se modifican varias veces durante su vigencia, sino que, incluso sin enmiendas, son aplicadas en formas muy diferentes de acuerdo con los cambios en las opiniones y las prácticas políticas.

La izquierda ha optado por rechazar la propuesta en el próximo plebiscito y el Presidente Boric ha sumado su desaprobación de la nueva propuesta constitucional. ¿Alguien podía esperar que quienes promovieron con entusiasmo la obra de la Convención anterior, en toda su radicalidad, podían estar de acuerdo con el proyecto actual? ¿No era lógico prever que su opción de todas maneras sería mantener el proceso constitucional abierto, en la esperanza de retomar muy luego su agenda de extrema izquierda?

Se afirma que la Constitución recién elaborada vulnera los consensos, porque una mayoría “circunstancial” (¿no lo son todas?) le impuso su sello. Por el contrario, en un país tan polarizado es un gran avance que todos los partidos políticos, incluido el PC, hayan logrado acordar 12 bases fundamentales que inspiran y circunscriben la propuesta, las cuales han sido perfectamente respetadas, sin que haya sido posible cuestionar la admisibilidad de ninguna de las normas acordadas.

Se dice también que la propuesta representa un retroceso en los derechos sociales y de las mujeres. Por el contrario, es por primera vez que se propone una Constitución que declara que Chile es un Estado Social de Derecho y se introducen importantes nuevos derechos sociales. Otra cosa es que se permita que estos derechos sean prestados no solo por el Estado, sino también por el sector privado, de acuerdo a las preferencias de cada cual. No obstante, esta subsidiariedad, como afirmó la Comisión de Venecia, no es contraria a un Estado de Bienestar. Respecto de las mujeres, la innovación más importante y que beneficia no solo a las mujeres de élite, sino especialmente a las más vulnerables, es sin duda la introducción del extendido derecho a sala cuna; más aún, se garantiza constitucionalmente la paridad en las candidaturas electorales y una discriminación positiva temporal de salida, lo cual representa una novedad en comparación con la mayoría de las constituciones del mundo.

Un temor que se agita es que el cambio semántico (a mi juicio innecesario) de “el que” está por nacer por “quien” está por nacer pone en tela de juicio el aborto por tres causales. Pero, parafraseando los argumentos de Carlos Peña, el aborto se ha permitido no porque el no nacido sea una “cosa”, sino porque, siendo un ser humano (si no fuera así el aborto sería libre e ilimitado), sus derechos entran en conflicto con los de la madre y a juicio de la mayoría, en ciertos casos, estos deben tener precedencia.

Ninguna Constitución va a solucionar los problemas sociales y económicos del país, pero este texto nos garantiza una democracia plena, el respeto a los derechos y libertades individuales, el pluralismo, la alternancia en el poder, una justicia independiente y el debido proceso, un sistema político que permite mayor gobernabilidad y un orden económico propicio para crear mayor prosperidad para todos.