Desde hace ya varios años, se vienen observando en el país nuevas costumbres que parecen tener su origen en otros países latinoamericanos invadidos por el narcotráfico. Poco a poco, parece estar instalándose en Chile lo que ha sido denominado como la narcocultura y que cumpliría el papel de servir para legitimar el tráfico de drogas. De bordes imprecisos, con expresiones que llegan hasta la música popular, no aparece claramente definida ni es aceptada por todos los especialistas, pero progresivamente se utiliza dicho concepto en publicaciones académicas prestigiadas. Un síntoma puede ser la notoria aparición de lo que suelen denominarse narcofunerales, en que los amigos y socios del fallecido, quien suele ser una víctima de las guerras entre bandas, hacen ostentación de su poder. Es esta manifestación de la narcocultura la que más impacto ha tenido en la sociedad chilena, que aparece como perpleja ante ella.

Los primeros funerales con estas características se registraron en el norte de México, hace unos quince años. En el estado de Sonora, el lujo y el derroche que habían caracterizado a los narcotraficantes se extendieron también a sus funerales y tumbas. Pronto empezaron a manifestarse con disparos al aire que causaban terror en la población, y la policía comenzó a vigilar y a escoltar a los cortejos, que fueron haciéndose aún más complejos, con música, mariachis, coronas de flores rojas y globos que acompañaban a las ráfagas de metralletas. La compañía policial se presta para toda clase de interpretaciones, pues parece una actitud ambigua, que bien podría ser una táctica de contención o una muestra de debilidad ante la imposibilidad de controlarlos.

En Chile, los funerales de los narcos han seguido una pauta similar. Comenzaron con fuegos artificiales —que aquí están prohibidos en manos privadas— y siguieron con balazos y acompañamiento policial, junto con la suspensión de clases en las escuelas cercanas. La población contempla con la misma sorpresa que en México cómo los policías escoltan estos cortejos. Y naturalmente se pregunta, ¿cuál de los dos grupos es más fuerte, el de los policías o el del narcotráfico? ¿Por qué se les presta protección, desviando recursos policiales mientras el país vive una crisis de seguridad pública? Tal inquietud es inevitable, aun cuando Carabineros suela informar de detenciones entre los asistentes, ya sea por órdenes judiciales pendientes o por conductas como el porte de armas. Y es que la imagen ya frecuente de vehículos policiales acompañando el cortejo de conocidos delincuentes no solo es chocante, sino que da cuenta de una situación anómala, donde la autoridad parece resignada a la presencia de peligrosas bandas y a tolerar algunas de sus acciones para impedir los peores escenarios. El fenómeno es así un reflejo de la penetración y poder del crimen organizado.

Por cierto, en otros países, la cercanía que, por distintas razones, se va creando entre personeros policiales y jefes del narcotráfico ha evolucionado de la peor manera. En México, la connivencia entre ellos terminó siendo uno de los factores que contribuyeron a la desaparición forzada de 43 estudiantes en el sur de ese país. No puede olvidarse tampoco que los llamados zares de la droga, nombrados por los gobiernos, a menudo han terminado involucrados en los mismos crímenes que estaban llamados a evitar. En Chile no se pueden descartar estas posibles alianzas e incluso las informaciones de días recientes, respecto de la presunta participación de algunos efectivos de la PDI en narcotráfico en el aeropuerto, debieran constituir una señal de alarma.

Cada vez se percibe una mayor similitud entre las fases ya avanzadas de la práctica del tráfico de drogas en países que se han visto gravemente afectados por ella y lo que está sucediendo en Chile. Pero ni las autoridades, ni los partidos políticos, ni los jueces, ni siquiera la propia policía, parecen suficientemente alarmados por lo que se observa. Solo algunos especialistas discuten si el país está todavía a tiempo de detener este impulso o si ya podría ser demasiado tarde. Este año, en el Informe Mundial sobre la Cocaína, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló al puerto de San Antonio como importante punto de tránsito de la cocaína que se origina en Colombia y Perú y que va destinada a Europa, Estados Unidos y México. ¿Serán necesarias nuevas alarmas?