Señor Director:

En el proceso constituyente de la Presidenta Bachelet, caracterizado por la participación ciudadana, se convocó a un grupo de profesores de Derecho Constitucional para asesorar al gobierno y se excluyó a los partidos políticos con representación parlamentaria.

El proceso de la Convención Constitucional se caracterizó por la gran cantidad de expertos tanto en el diseño inicial —la Mesa Técnica— como para cada convencional principalmente de manera atomizada, junto a un explícito desdén hacia los partidos políticos, comenzando por la autoflagelante posibilidad de competir en listas de independientes hasta lo dispuesto sobre el particular la propuesta rechazada.

El proceso que termina contó con dos órganos integrados por expertos y con asesoría ídem. Fue diseñado por los partidos políticos, incluso en formación, asesorados por académicos que hasta participaron en las negociaciones del diseño.

En el fracaso del primer proceso la principal responsabilidad fue del gobierno, celoso de mantener su coto constituyente. Del segundo, de la Convención, celosa de su autonomía “originaria”, pero también de quienes le dieron el afrecho por omisión, los partidos políticos. Si el actual fracasa, estos habrán desperdiciado la oportunidad de recuperar el terreno perdido en casi diez años, por haber externalizado la potestad constituyente en vez de asumirla íntegramente (y ojalá no hayan banalizado la palabra experto).

Pablo Fuenzalida Cifuentes
Abogado