Indican los resultados de la más reciente encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas que la situación del mercado laboral es prácticamente idéntica a la de hace un mes. La tasa de desocupación continúa en rangos altos a nivel país (8,9%), alcanzando el 9,6% en la Región Metropolitana. Las estadísticas son particularmente preocupantes entre las mujeres, las que a nivel nacional registran una desocupación del 9,2%.

El Boletín Estadístico del INE para el trimestre móvil julio-septiembre da cuenta de un crecimiento de aproximadamente 110 mil desempleados en el país en los últimos 12 meses. El número de trabajadores informales, por su parte, aumentó en casi 14 mil en el mismo período, fuertemente incidido por la creciente precariedad en el empleo femenino. Así, de las 289 mil personas que se sumaron a la fuerza de trabajo en el último año, un 37% lo hizo ya sea buscando trabajo por primera vez o cesante.

Como ha sido señalado por destacados expertos, estamos efectivamente ante una emergencia laboral no declarada. De hecho, la situación no ha permitido siquiera retornar a los niveles de ocupación existentes antes de la pandemia, un resultado inesperado a la luz de la evolución de las cifras de contratación observadas antes de la llegada de la actual administración al poder, pero consistente con la realidad de una economía que durante 2023 verá reducido su Producto Interno Bruto. Así, desde el trimestre móvil enero-marzo de 2022 a la fecha, el número de ocupados solo ha aumentado un 2%, mientras que el de desempleados ha escalado un preocupante 18,7%.

Tales cifras no deberían sorprender. Desde un punto de vista macroeconómico, el país sigue sumergido en una incertidumbre institucional que a la actual administración parece no incomodarle del todo. Sus proyectos de reformas (fiscal, salud y previsional) proponen cambios estructurales —muchos, además, criticados técnicamente y sin apoyo ciudadano— que no apuntan a impulsar las actividades productivas o a incentivar la iniciativa privada. En el centro se identifica una mínima preocupación por el crecimiento, la que en los hechos, y más allá de discursos en sentido contrario, no ha sido revertida.

Y en lo relativo al mercado laboral, tampoco es posible olvidar la batería de reformas que se han aprobado. A la luz de la evidencia, el significativo aumento en el salario mínimo aprobado en mayo pasado y que estableció importantes variaciones hasta 2025, debió haber considerado las alertas técnicas levantadas en su momento. Del mismo modo, la aprobación de la jornada de 40 horas, si bien será implementada gradualmente, puede generar ajustes instantáneos en los niveles de contratación, toda vez que los agentes económicos tienen comportamientos anticipatorios. Similar efecto puede estar generando la amenaza de una reforma de pensiones que, en lo esencial, apunta a utilizar un impuesto al trabajo (6% de cotización adicional) para financiar un pilar de reparto. Finalmente, a la compleja combinación se agrega una inflación de días feriados que ha tomado fuerza desde el Congreso, a lo que se suma la extendida práctica de los “días sándwich”. Todo esto desanima las actividades productivas y restringe las posibilidades de una expansión de los distintos sectores (excepto los relacionados con actividades recreacionales), con negativos efectos de largo plazo sobre el empleo.

Así, la actual administración, habilitada por un Congreso con una inclinación a desatender las recomendaciones técnicas y a favorecer el rédito instantáneo, se encamina a profundizar las dificultades de nuestro mercado laboral, insistiendo en una legislación rígida y en la expansión del empleo público, sin medidas para promover el empleo formal. De la experiencia de países vecinos, sabemos que tal senda tiene, en el mediano y largo plazo, negativos impactos sobre la población.