Con la votación de ayer del texto completo por parte del Consejo, el proceso constitucional entra en su etapa final, la que se completará con el pronunciamiento ciudadano del 17 de diciembre. La calidad democrática de este proceso resulta incuestionable, pues no solo participó la población eligiendo a los consejeros redactores, sino que también el Congreso —electo a su vez democráticamente— nominó a la Comisión Experta, que elaboró el primer anteproyecto. Esa combinación permitió que los aspectos técnicos, fundamentales en un texto tan decisivo, tuvieran un adecuado canal de expresión, pero también aquellos representativos de la opinión popular. Aunque hubiese sido deseable alcanzar acuerdos más transversales que los logrados, no debe desconocerse que una parte significativa del consensuado texto de los expertos sí fue recogida en la propuesta final.

Con todo, y aun faltando un pronunciamiento formal, resulta claro que la izquierda ya ha decidido llamar a votar En contra. Será difícil para este sector, sin embargo, levantar un discurso convincente para sostener su postura. Desde luego, la famosa frase que el Presidente Boric usó hace un año y medio para respaldar a la fallida Convención —“cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”— hoy se vuelve contra el oficialismo, pues, en definitiva, votar “en contra” es hacerlo precisamente a favor de ese texto al que por años —y hasta hace semanas— se denostó por supuestamente padecer de una irreparable ilegitimidad de origen. Ahora, en cambio, Lautaro Carmona, presidente del PC, despliega esfuerzos retóricos para afirmar que “a la fecha, la Constitución del 80 no es la Constitución del 80” (sic), y el senador Jaime Quintana, el mismo que alguna vez llamara a usar una retroexcavadora para remover los cimientos del modelo, hoy dice que la Carta vigente “tiene un recorrido con el cual los gobiernos democráticos en general pueden gobernar”.

Sin embargo, tal vez lo más delicado entre los planteamientos levantados por figuras de izquierda sea la amenazante afirmación del mismo Quintana a “La Tercera”, en cuanto a que este texto podría dar lugar a un nuevo “estallido”, aun mayor al de octubre de 2019. Esto, bajo el argumento de que la propuesta del Consejo no se hace cargo del malestar de la población expresado entonces. Junto con la burda apelación al temor como elemento de persuasión, cabe notar el talante antidemocrático de tales dichos. Ya una vez, precisamente a raíz de los sucesos de octubre de 2019, cuando el país era azotado por la violencia, la entonces oposición celebró con entusiasmo “la vía de los hechos” para imponer un proceso constituyente, al tiempo que ingeniaba fórmulas para intentar impedir que el Presidente de la República cumpliera el mandato para el cual había sido democráticamente elegido. Se hubiera esperado que la evolución de estos cuatro años y la derrota en el plebiscito de 2022 hubieran generado alguna reflexión en ese sector sobre el valor de las formas institucionales de la democracia; las palabras del senador obligan a ponerlo en duda. Hay en ellas un inquietante parecido con las declaraciones del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien, en un análisis delirantemente discordante con la realidad, afirma que “si estuviéramos hablando de las causas de la crisis de nuestro país, fuerzas como los republicanos no existirían”, en circunstancias que el crecimiento electoral de estos ha ido a la par con el desencanto ciudadano frente al desempeño político de quienes se siguen autoproclamando como los genuinos intérpretes de “las causas de la crisis de nuestro país”.

Todo esto es indicativo de una izquierda confundida. Si se aprueba la nueva Constitución, va a ser en contra de su postura, y si se rechaza, querrá decir que no fue capaz de completar exitosamente el proceso por el que ella misma tanto luchó. En este contexto, el Gobierno al que apoya no ha conseguido construir una agenda que convoque a la población, su proyecto de sociedad se ha desdibujado, y sus planteamientos constitucionales parecen erráticos, más motivados por el oportunismo de capitalizar la distancia ciudadana respecto del actual proceso que por una reflexión sólida.

De persistir con el argumento de que la población se identifica con la causa “octubrista”, y que ese es el camino a transitar, le va a resultar muy difícil abandonar esa confusión.