El ministro Cataldo “desinforma” cuando dice que en la crisis de Atacama “no ha fallado el Gobierno, sino el Estado”. Aunque es notable que un comunista le eche la culpa de algo al Estado, esas reformas tienen padres y madre. Fueron empujadas y aprobadas durante el segundo gobierno de Bachelet. Ella, sus ministros de Educación, el Partido Socialista (gran promotor de la “Nueva Educación Pública”), y el Frente Amplio, junto con el PC, han fracasado en su agenda educacional y deben hacerse responsables del daño que han causado a miles de niños y jóvenes.

Frustraron las trayectorias de vida de los estudiantes más vulnerables, simplemente porque se encerraron en su ideología. La calidad nunca fue el objetivo, sino la excusa. La igualdad, solo un eslogan, porque los niños de menores recursos han sido los más perjudicados. El “fortalecimiento de la educación pública”, una mera consigna, porque terminaron por destruirla.

Parlamentarios y ministros de izquierda, desde sus cómodas oficinas, diseñaron un sistema para experimentar con las vidas de otros. Salvo excepciones, ninguno de ellos sometería a sus hijos al modelo que inventaron. ¿O alguien se los imagina aceptando que la famosa tómbola les diga adonde les “toca” estudiar a sus hijos? ¿O que les cierren la puerta en sus narices diciéndoles que el esfuerzo personal de sus niños no vale nada? Nunca han escuchado, o al menos eso parece, el testimonio de una madre que, teniendo la vida en contra, se esforzó para que su hijo fuera a clases en vez de estar en la calle, y le digan que la asistencia tampoco importa al momento de postular al colegio de sus sueños. Porque para la izquierda su hijo es un “privilegiado” que tuvo la “suerte” de tenerla a ella de mamá.

Se advirtió que la Nueva Educación Pública traería más centralización, mayor burocracia, afectaría la calidad de buenos colegios, y sería un campo libre para la captura política. Todo lo que hoy está ocurriendo.

Como ministra de Educación, fui acusada constitucionalmente (libelo que fue rechazado) por recorrer Chile escuchando a los jóvenes que estaban sufriendo los efectos de las reformas de Bachelet; por involucrar a los apoderados en lo que se hacía desde el ministerio; por querer cambiar en el Congreso lo que era evidente que ya no funcionaba. Pero no se podía. Lo que correspondía era “implementar sin chistar”.

Incluso, ante un proyecto de ley presentado, diputados del Frente Amplio pidieron, a minutos de iniciada su discusión, el cierre del debate. Así de incómodo les era escuchar argumentos. Se negaban, también, a recibir a los padres en la comisión de Educación. Y a la par que “avanzaban” en sus reformas, impedían crecer a colegios particulares subvencionados gratuitos de buen desempeño y destruían los liceos emblemáticos.

Si se le hiciera una prueba de ADN a la Nueva Educación Pública, quien no podría negar su paternidad sería el exsenador Carlos Montes (PS), hoy cuestionado ministro de Vivienda por el “desvío” de fondos a fundaciones políticas. Semanas antes que su partido presentara la acusación constitucional, criticaba airadamente: “A la ministra la veo en una contrarreforma”. Efectivamente. Lo estaba ahí y sigo ahora.

No bastan simples ajustes o mayores recursos que terminen en más amigos de parlamentarios oficialistas contratados.

Es de esperar que ahora, que la realidad les explotó en la cara, se abran a revisar todas sus reformas educacionales, que solo han provocado mayor desigualdad y menor calidad.