Después de dos inasistencias a la comisión de la Cámara de Diputados, el jefe de asesores del 2º piso de La Moneda, Miguel Crispi, se ha negado a asistir, y a lo sumo mandó para la segunda citación un informe escrito.

Frente a la posición del contralor, un gran profesor de derecho administrativo, Jorge Bermúdez, que le pidió que respondiera la razón por la que se siente excusado de asistir a la comisión investigadora del caso Convenios, salió en su defensa el ministro de Justicia, otro gran profesor de derecho administrativo, Luis Cordero Vega, quien estimó que nunca se había considerado que personal de la Presidencia tuviera que asistir a la comisión de la Cámara, menos personalmente. Alegó que no se trataba de un funcionario público, sino que a honorarios y que no desempeñaba un cargo por el que tuviera que rendir cuentas.

Bermúdez, en cambio, declaró que “en un Estado democrático, uno de los principios fundamentales es rendir cuentas. Eso no es solo dar cuenta de cómo se usan los recursos. Dar cuenta significa dar razón, justificar cómo se toman las decisiones y las actuaciones de una autoridad pública. Cualquier persona en un Estado democrático, que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas”.

A Miguel Crispi se le cita como jefe del segundo piso, pero además como exsubsecretario de Desarrollo Regional, ya que se supo, el 5 de julio, que el militante de Revolución Democrática validó a la Fundación ProCultura para la realización de un proyecto por 639 millones de pesos en la Región de Antofagasta. Este proyecto, titulado “Recuperación de fachadas zona de conservación histórica”, tenía por objeto realizar la limpieza y pintura de tres fachadas de edificios, que suman 2.400 metros cuadrados, además de la elaboración de informes técnicos y capacitación de 38 personas que realizarían estas labores.

Lo cierto es que el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda es un funcionario público, y en esto discrepamos del ministro Cordero, ya que la noción de funcionario público debe extenderse a funcionarios a honorarios y más aún a asesores del Presidente de la República, porque se trata de una función pública relevante y decisiva.

Es complicado que el jefe de asesores del Presidente no se sienta obligado a asistir a una comisión investigadora de la Cámara, máxime si se le invita como exsubdere y por su responsabilidad como jefe de asesores del 2º piso de La Moneda, esto es, como funcionario público y para dar cuentas de su función.

Miguel Crispi metió al Gobierno en un grave problema, ya que se negó dos veces a asistir a la comisión investigadora y solo ahora que el contralor se pronuncia sobre el tema accede a asistir personalmente. La comisión investigadora de la Cámara lo ha citado como jefe de asesores de la Presidencia para el día lunes 6 de noviembre.

Además, debiera informar sobre cuál fue la fecha en que se conoció en el Gobierno el tema de los Convenios, ya que si es asesor presidencial, debiera conocer dicha fecha. Esto permitiría saber si el Presidente Boric se enteró o no antes de que estallara el caso de Democracia Viva, conectada a la diputada Catalina Pérez por haber sido Daniel Andrade, el director de la fundación, pareja sentimental de ella. Quien otorgó este proyecto por 426 millones de pesos fue el exjefe de gabinete de la diputada, Carlos Contreras.

El Presidente Gabriel Boric señaló en el contexto de su gira a China que “acá todo tiene que ser prístino y, por tanto, Miguel Crispi, mi jefe de asesores, va a participar en las instancias a las que se le ha invitado. Doy por superado este asunto”.

El mismo Presidente rechazó la opinión de su ministro de Justicia y señaló que su jefe de asesores debe participar personalmente en la comisión de la Cámara de Diputados sobre el caso Convenios y la corrupción asociada a estas fundaciones, siguiendo la decisión jurídica del contralor general de la República, Jorge Bermúdez.