De acuerdo con el “Discurso del Método” cartesiano, para mejor entender y resolver un problema es conveniente dividirlo en cada una de sus partes, analizarlo por separado, para luego ir ascendiendo en complejidad y síntesis.

En la propuesta de una nueva Constitución, y haciendo foco en el artículo de salud, el articulado de la Comisión Experta prácticamente no sufrió modificaciones en su tramitación por el Consejo Constitucional, lo que da solidez al texto que será presentado a la ciudadanía para el plebiscito de diciembre.

El artículo señala que se entrega un derecho exigible a la protección de salud en sus dimensiones física y mental. Asimismo, enfatiza que este derecho es válido para todas las etapas de la enfermedad, desde la prevención a la rehabilitación y menciona, lo que es un avance significativo, la consideración a los determinantes sociales y ambientales de la salud. Es importante que se obligue al Estado a fomentar la actividad física y deportiva, como elemento sustantivo en esta propuesta.

Obligar a que se establezca un Plan Garantizado de Salud, igual para cada persona, sin ningún tipo de discriminación por edad, género o preexistencia, es la llave maestra para una verdadera reforma de salud, con un proyecto de ley ya presentado y validado por Hacienda.

Es evidente que el rol del Estado como autoridad sanitaria, y en su deber de mantener una red pública de calidad con estándares uniformes de calidad y oportunidad, debe quedar establecido en la Constitución, como lo está en este proyecto.

Por último, se consagra el derecho de las personas a elegir dónde recibir la atención y a qué institución confiar su porcentaje de cotización obligatoria. Esto no es contradictorio con un Estado Social de Derechos, con un componente de subsidiariedad, como lo dejó claramente establecido la Comisión de Venecia al colaborar con el proceso chileno. Este elemento de libertad es probablemente el único nudo del artículo de salud.

La historia de nuestro sistema y su actual estructura, sumada a la preferencia ciudadana manifestada en varias encuestas y en su rechazo al borrador constitucional de septiembre del año pasado, permite pensar que, en las actuales circunstancias, lo prudente y posible es avanzar hacia un sistema de seguridad social con múltiples seguros.

Si algún sector considera que es solo atribución del Estado hacerse cargo del derecho a la salud, es clave que las personas puedan elegir entonces ese camino, libremente, y no encadenarlo al texto propuesto. Ello requiere, sin embargo, algunos elementos críticos: la contribución de impuestos generales debería aumentar considerablemente; Fonasa debe sufrir una transformación radical; la eficiencia productiva de hospitales y centros de salud requiere aumentar en rangos no observados; aumentar la construcción de infraestructura hoy detenida; la captura gremial del sector tiene que disminuir; el nombramiento de autoridades de salud con capacidad técnica certificada requiere blindar el sistema de Alta Dirección Pública, y el bloqueo a la formación de más profesionales debe corregirse.

Con todo, la configuración monopólica de un Estado proveedor de salud ya no figura ni siquiera en la agenda de las naciones más firmemente partidarias en el pasado de esta estructura, y todos los procesos de reformas avanzan hacia un adecuado balance de aseguramiento y provisión público-privada.

Pareciera que en lo que a salud se refiere, el texto propuesto debería ser aprobado. Sería saludable.

Jaime Mañalich