Señor Director:

En el debate acerca de si en 2019 hubo un intento de golpe de Estado debemos distinguir distintos niveles de análisis.

Así, tenemos una discusión conceptual acerca de qué entendemos por tal acción política, y hay otro debate empírico que discurre en torno a si en los hechos hubo un intento de ejecutarlo. Además, se debe tener en claro que afirmar que existió tal tentativa (como es mi caso) no significa rechazar la legitimidad de las movilizaciones sociales y mucho menos justificar las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar. Justamente porque queremos pronunciar un categórico “Nunca más”, es que debemos condenar, de raíz y antes de que sea demasiado tarde, la violencia con objetivos políticos y todo golpe de Estado, exitoso o frustrado.

En los últimos treinta años hemos asistido a desalojos presidenciales realizados por medios aparentemente legales, usando o no la violencia, que suponen un juicio político que no procede en un tipo de gobierno presidencial.

¿Hubo tal cosa en 2019? Pues lo cierto es que son hechos públicos y notorios los llamados de parlamentarios y líderes políticos a la renuncia del Presidente de la República, la solicitud de elecciones anticipadas y el encubrimiento de un juicio político, abusando de las acusaciones constitucionales. Esto, además, fue realizado en el contexto de una agudísima crisis de orden público y graves violaciones a los derechos humanos que, de por sí, pueden producir la caída de un gobierno e incluso de una democracia (a través de un autogolpe).

En estos casos, un gobierno y una oposición leales con la democracia deben cooperar para detener la violencia y no atizar el fuego del enfrentamiento. Estos llamados y exigencias son constitutivos por sí mismos de un intento de usurpación inconstitucional. A eso podríamos agregar las convocatorias a tomarse La Moneda y el Congreso Nacional, los ataques a cuarteles, regimientos y a centenares de carabineros.

Llamémoslo golpe de Estado o desalojo presidencial inconstitucional; pero es un hecho que muchos actores políticos intentaron destituir a un Presidente de la República echando mano a métodos ilegales y violentos, hecho que nadie puede justificar ni relativizar por el bien de nuestra democracia actual y futura.

Sergio Micco
Profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile