Finalmente y luego de dos citaciones fallidas, el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, ha expresado su disposición a concurrir a la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, la que intenta establecer responsabilidades políticas en el llamado caso Convenios. Pese a haber sido su presencia requerida por los parlamentarios, el también exsubsecretario de Desarrollo Regional no se había sentido hasta ahora en la obligación de asistir. Avalando su ausencia, otros miembros del gabinete habían sostenido hasta ayer que, tratándose de un asesor contratado a honorarios, no tenía el carácter de funcionario público y, por ende, no estaba obligado a concurrir. Particularmente, el ministro de Justicia, especialista en derecho administrativo, argumentó en defensa de esta tesis, citando jurisprudencia y haciendo valer, además, el hecho de ser Crispi un asesor de la Presidencia, institución que tendría a estos efectos un estatuto distinto. El punto suscitó controversia en lo jurídico, aun cuando el centro de lo que pretenden indagar los diputados apunta a actuaciones de Crispi cuando se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional y validó a la Fundación ProCultura para que esta suscribiera un convenio con el gobierno regional de Antofagasta, para la recuperación de fachadas en esa zona. De hecho, al ser citado por segunda vez, si bien volvió a excusarse, envió un oficio donde justificó su actuación en ese caso.

No conformes y ante esa segunda inasistencia fue que los diputados resolvieron recurrir en consulta a la Contraloría y el contralor general, Jorge Bermúdez, quien ofició a la administración para que el jefe de los asesores explicara por qué él creía estar exceptuado del control de los diputados. Pero Bermúdez fue más lejos al afirmar, al intervenir el lunes ante la misma comisión, que “cualquier persona en un Estado democrático, que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas”. Si bien tales palabras —al estar pendiente el pronunciamiento oficial del órgano contralor— pudieron tal vez apuntar al deber moral, por parte de Crispi, de justificar sus actuaciones, más que al deber legal de asistir a la Cámara, en los hechos terminaron de derrumbar la estrategia del Gobierno y obligaron a este a cambiar de posición. Así, ayer, el asesor envió una carta a la comisión en la que manifiesta su disponibilidad para asistir a una próxima sesión de esa instancia.

Para evaluar este episodio, es importante situarlo en el contexto de lo que ha significado el caso Convenios, tanto por los millonarios recursos públicos dilapidados como por la decepción ciudadana, al constatar que miembros de una generación que prometió traer nuevos estándares a la política han terminado involucrados en un grosero episodio de corrupción. Era inevitable así que muchos chilenos tendieran a presumir que la negativa a asistir era una manera de eludir el fondo del asunto.

Era, en efecto, muy llamativo que, ante un escándalo de proporciones como este, se hubieran buscado excusas legalistas para impedir la comparecencia de uno de los funcionarios que tuvo actuación en situaciones que son objeto de investigación. Si es que de este modo se pretendió —como se ha dicho— proteger a la institución de la Presidencia frente a eventuales intentos opositores por generar daño político, se logró el resultado exactamente inverso, acrecentando las suspicacias de la opinión pública y exponiendo además innecesariamente al titular de Justicia, en una controversia que poco tiene que ver con las tareas de su cartera.

Ahora, tras haber generado molestia e incomodidad entre los propios parlamentarios oficialistas y enfrentado al riesgo de un pronunciamiento formal de la Contraloría, adverso a su posición, el Gobierno se ha visto obligado a rectificar y dar lugar a la concurrencia de Crispi. Se trata, sin embargo, de una reacción en extremo tardía. Frente a un caso de corrupción ampliamente reconocido, no cabía, desde un inicio, otra actitud que la colaboración plena de las autoridades para establecer los hechos y responsabilidades involucradas, tanto políticas como penales. Cualquier otra conducta sería inevitablemente entendida —tal cual aquí ha ocurrido— como una señal de tolerancia o, al menos, de relativización de la gravedad de un problema que justificadamente indigna a la ciudadanía.