Señor Director:

Hace cuatro años se publicó la Ley N° 21.174 que derogó la Ley del Cobre y modificó la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, creando un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional. Dicha iniciativa legal fue aprobada por todas las fuerzas políticas, desde el PC a la UDI, con la excepción de ciertos sectores del FA, creando una sólida estructura que permitía pensar a las FF.AA. en sus distintas áreas de misión, con una visión de mediano-largo plazo.

Este transversal acuerdo político, tan excepcional en estos tiempos, fue fruto de la conciencia de los diputados y senadores de la importancia de abstraer de los vaivenes de la discusión presupuestaria anual el financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa de nuestro país. Para ello, se creó un Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, fórmula que contemplaba un aporte basal que es el mínimo para el sostenimiento y el mantenimiento de las capacidades estratégicas y una planificación acorde a la Política de Defensa. La base del diseño aprobado transversalmente era que los aportes a nuestra Defensa iban financiando gastos que tenían un horizonte mayor, de cuatro años, de manera que las FF.AA. pudieran planificar el mantenimiento de sus capacidades sin hacerlas competir con las necesidades urgentes de los presupuestos anuales.

Lamentablemente, el proyecto de Ley de Presupuesto 2024, recientemente ingresado al Congreso Nacional, quiebra de un modo incomprensible con el espíritu transversal que edificó la Ley N° 21.174. En efecto, el artículo 35 del referido proyecto suspende el mencionado aporte basal por el año 2024. Lo anterior tiene al menos tres consecuencias graves: la primera, la inexistencia de recursos para el mantenimiento de las capacidades estratégicas, durante al menos un año. En simple, por decir algunos ejemplos, si los aviones F-16, las fragatas o los helicópteros Black Hawk no se mantienen en tiempo y forma, se pierden o deterioran. En segundo lugar, tampoco se indica si esos recursos serán suplementados posteriormente, añadiendo incertidumbre a una materia de suyo delicada. La tercera, la práctica de poder “suspender” los aportes basales para las FF.AA. puede ser catastrófica porque rompe con el principio esencial del diseño de financiamiento, cual es no hacer competir las urgencias sociales con las capacidades de largo plazo de la Defensa de nuestra patria.

Así las cosas, resulta muy relevante aclarar dicha situación y, eventualmente, revertirla, dado que se estarían afectando aspectos claves para el cumplimiento de los fines constitucionales y legales de las Fuerzas Armadas.

Juan Francisco Galli B.
Exsubsecretario para las Fuerzas Armadas

Pablo Urquízar M.
Exjefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional