Señor Director:

La omisión sobre el financiamiento de la educación superior en la nueva propuesta de Constitución puede ser leída como el fin de la gratuidad universitaria. Si esto es así, tendríamos que preparar a más del 54% de la matrícula de instituciones de educación superior adscritas a gratuidad para el endeudamiento como modo de financiar estudios o simplemente no seguir estudiando.

Esta noticia es una mala noticia, pues niega la energía social que han desplegado tanto los jóvenes como la comunidad en general, desde hace varias décadas, para alcanzar el derecho de acceso a educación superior que no restrinja, por cuestiones económicas, el ingreso de talento a las universidades, y, por sobre todo, que los estudios superiores no impliquen un endeudamiento, que luego se constituye en un verdadero lastre y traba al desarrollo de las personas. Como si esta historia no la conociéramos y no supiéramos a dónde nos conduce.

Es claro que el rango que se le entrega a la educación en la nueva propuesta constitucional no representa su verdadero valor de palanca de desarrollo social y económico del país. Si así fuera, esta debería ser formulada como derecho humano fundamental, y como una obligación del Estado garantizarla y financiarla, desde el prekínder a la educación superior. Todo lo anterior, sin perjuicio de que las familias ejerzan el rol fundamental en la educación de sus hijos e hijas escogiendo los proyectos educativos que mejor representen sus valores y visiones de mundo.

Lamentablemente, los articulados dedicados a la educación son conservadores y no representan ningún avance o visión innovadora de este derecho que, como todos podemos constatar año tras año en los resultados escolares, sigue estando al debe. Continuamos desperdiciando el recurso más importante para el desarrollo de nuestro país, que son las personas, sus capacidades y su creatividad.

Mismas soluciones, mismos resultados.

Elisa Araya
Rectora U. Metropolitana de las Cs. de la Educación