Uno de los más viejos problemas de la sociología del derecho lo constituye la función que cumple este último: si la ley sigue los cambios sociales o si, por la inversa, los guía.

El problema es especialmente relevante hoy, cuando se discute, y es de esperar con perspectivas de alcanzar un acuerdo, el texto constitucional que se someterá a la ciudadanía. Se trata entonces de saber si acaso la Constitución debe empeñarse por modificar la cultura vigente o si, en cambio, debe acompasarse a ella.

Una de las más viejas enseñanzas de Marx es la de que el cambio en las condiciones materiales de la existencia conduce inevitablemente a cambios culturales. Ese es, entre otros, el sentido de la frase según la cual el capitalismo hace que todo lo sólido (por sólido entiende Marx en este caso, las tradiciones, la costumbre, todo aquello que se daba por sabido) se desvanezca en el aire. Con matices, buena parte de la literatura está de acuerdo con esa tesis. Por cultura, desde luego, no se entiende la alta cultura, sino el ethos: una forma implícita de concebir las relaciones sociales y concebirse las personas a sí mismas.

Pues bien. La pregunta que cabe formular es si acaso la cultura en Chile se ha mantenido incólume a pesar de los profundos cambios que a nivel de la vida material —el crecimiento de los últimos treinta años, la expansión del consumo, la masificación educativa— el país ha experimentado. ¿Acaso la cultura —las formas de concebirse las personas y su interacción— es un núcleo incólume que ha sobrevivido en el subsuelo de lo social no obstante los profundos cambios que se han vivido?

Hay buenas razones para pensar que no, que ese núcleo no se mantuvo incólume. Es cosa de reparar en algunos fenómenos.

Desde luego el sentido de comunidad se ha deteriorado. La vida social se concibe no como una empresa común, con valores compartidos, sino que en amplia medida como una red de contratos e intercambios. Este aspecto que ha llegado a adquirir la vida social tiene un aspecto evidentemente positivo: incrementa la libertad y el sentido de la propia individualidad. Y tiene también un lado negativo: la vida social se percibe más fría y a la intemperie. Todo el debate sobre plurinacionalidad de hace algún tiempo, y la proliferación de identidades elegidas, son expresión de este fenómeno: la falta de una memoria y de bienes compartidos.

Otro aspecto de ese mismo fenómeno, lo constituye la profunda individuación de la vida que especialmente entre las nuevas generaciones es posible advertir. Por individuación se entiende el hecho de que la vida es percibida no como una tarea, sino como algo elegido, algo entregado al diseño de la propia imaginación. Las nuevas generaciones perciben su existencia —desde su identidad a la orientación sexual— como el fruto de su elección voluntaria. Esta vivencia parece coexistir con un anhelo de abrigo que explica su entusiasmo por participar en performances y momentos intensos, pero fugaces, de cohesión.

Establecido lo anterior —podría seguirse, pero con eso basta— la pregunta que cabe formular es qué aspectos de la carta constitucional debieran recoger esa cultura en vez de resistirse a ella o intentar cambiarla.

Hay dos aspectos en los que debe seguir la cultura, en vez de empeñarse en cambiarla, si aspira a ser eficaz. Y esto obliga a abandonar ideas que rondan el debate.

Una de ellas es lo que pudiéramos llamar dirigismo moral. Parece obvio que una carta constitucional que se acompase a lo descrito debe dejar amplio margen a las personas para ejercer su autonomía en amplios aspectos de la vida. Esto obliga a los sectores más conservadores a aceptar que muchas cuestiones morales estarán entregadas a la lucha de convicciones que es propia de la democracia.

Pero también la idea de paternalismo (la idea de que las personas yerran al identificar sus mejores intereses, motivo por el cual hay que sustituirlas en su decisión) debe ser abandonada. La creencia de que un Estado social es equivalente a un Estado paternalista es obviamente equivocada. Es perfectamente posible un Estado social —la garantía del acceso a ciertos bienes— dejando a las personas amplios márgenes de elección.

Y sobre todo no hay que olvidar que la democracia no consiste solo en el rito de elecciones periódicas, sino que supone admitir que la vida social se va configurando en medio de una inevitable, y pacífica, lucha de convicciones (la expresión es de Radbruch). Y esto último exige dejar espacio para que esa lucha, que es propia de la vida civil, se despliegue en el futuro.

Carlos Peña