¡Qué costosa ha sido la aventura constituyente iniciada hace cuatro años! Confluyeron entonces la barbarie en las calles y la demagogia en el Congreso, los discursos de apariencia justiciera y la deslealtad con la democracia. Al cabo de 30 años de estabilidad institucional, base de su enorme progreso, el país vio emerger una nueva forma de golpismo.

No era la Constitución la razón del frenesí de 2019. Lo que hubo entonces fue un intento de empujar a Chile al caos y el quiebre institucional. No hay duda de que se buscó derrocar al Presidente Piñera. En algún momento, tendremos que saberlo todo sobre los orígenes de la asonada, la coalición que actuó entonces y los gigantescos recursos que movieron. En aquellos días, hubo parlamentarios, académicos y comentaristas de TV que avalaron la irracionalidad, aunque ahora ponen cara de buenos ciudadanos.

En estos años en que el país pareció convertirse en laboratorio, hubo variadas formas de justificarlo. Una muy pintoresca era decir que se necesitaba “una Constitución nacida en democracia”. O sea, ¡Chile vivía en democracia! ¿Y cómo había llegado a esa situación, con arreglo a qué normas, eligiendo de qué modo a los gobernantes? Estábamos en democracia, pero había que crear molinos de viento que parecieran gigantes. Y llegamos al borde del despeñadero.

La compulsión constituyente fue fomentada principalmente por las fuerzas que hoy están gobernando, pero fue favorecida por quienes, por temor a nuevos estallidos de violencia, les dieron la razón. La izquierda octubrista creó el espantajo de “la Constitución de Pinochet” con fines de agitación, aunque sabían perfectamente que llevaba desde 2005 la firma de Ricardo Lagos. El objetivo era desacreditar la transición y el método de acumulación de reformas. Extrañamente, llegaron a La Moneda en el marco de la Constitución que querían desmantelar. Luego, la Convención dejó muy claro la clase de Constitución que les llenaba el gusto.

El país necesita despejar el horizonte. El proyecto del Consejo Constitucional constituye una base sólida para construir un gran acuerdo nacional que refuerce el régimen de libertades.

El país está en condiciones de dejar atrás la incertidumbre, y fortalecer así sus expectativas de progreso.

Lo deseable es que el trámite de revisión y formulación de observaciones por parte de la Comisión Experta no enrede las cosas. No parece haber materias esenciales sobre el orden constitucional que pudieran generar controversias de difícil resolución. Como sea, el órgano que debe adoptar las decisiones finales sobre el texto es el Consejo elegido el 7 de mayo.

Confiemos en que las discrepancias sobre ciertas materias que no son determinantes para la caracterización y el funcionamiento de las instituciones democráticas, y que hasta podrían ser más propias de una ley, no terminen entrabando los acuerdos sobre las bases del orden constitucional.

El texto cumple razonablemente los requisitos de una democracia moderna. Articula la tradición constitucional con las adecuaciones de este tiempo. Hay una síntesis adecuada entre continuidad y cambio.

De aquí al plebiscito, será primordial que sean ampliamente difundidos los contenidos del nuevo proyecto. Será útil compararlo con el de la Convención, que levantaba la noción disruptiva de la plurinacionalidad, mientras que el de ahora sostiene que Chile es una sola nación.

Frente a la instrumentalización de la diversidad étnica, hoy se reconoce a los pueblos indígenas y su cultura como parte de una comunidad nacional que no acepta ser segmentada.

Frente a la desmesura refundacional, el nuevo texto busca mejorar lo construido por la república bicentenaria. Mientras el proyecto de la Convención buscaba establecer un poder corporativo, sostenido por una red de colectivos identitarios, el de hoy reivindica la igualdad ante la ley y el principio de ciudadanía.

La Constitución no es un bálsamo para todas las heridas, ni una plataforma ideológica ni un programa de gobierno. Se trata de un pacto de vida civilizada, que implica un compromiso sin dobleces con el Estado de Derecho y, consiguientemente, con el orden público, respecto de lo cual, por desgracia, sigue habiendo posturas ambivalentes dentro del Congreso.

El asunto principal es si queremos seguir viviendo dentro de las reglas de la democracia liberal, la primera de las cuales es el explícito rechazo a la violencia como método de acción política. El nuevo texto enfatiza el principio de que la vida en democracia solo admite métodos pacíficos de expresión ciudadana.

Es hora de dejar atrás las confusiones sobre los valores que son esenciales para la convivencia en libertad. Necesitamos apostar por la estabilidad y la gobernabilidad.

Sergio Muñoz Riveros