Señor Director:

El Gobierno publica el listado de empresas “estratégicas” en las cuales se prohíbe la huelga; en el Estado, los controladores aéreos y trabajadores de la salud pública paralizan sus funciones “igualmente estratégicas” poniendo en riesgo la certeza, seguridad aérea y la salud de millones de personas respectivamente.

Por su parte, el Gobierno manda un proyecto aumentando las potestades del Sernac para fiscalizar el comercio establecido golpeado por estallido, pandemia, inflación, impuestos, contribuciones e inseguridad, pero no dice una palabra sobre el comercio ilegal. El comercio ambulante ilícito sigue operando a plena luz del día a cuadras de la oficina presidencial y de la oficina del Sernac, sin fiscalización alguna, permitiendo delitos de propiedad intelectual, evasión tributaria, competencia desleal, infracciones sanitarias y comercio ilícito.

Una buena gobernanza supone que el sector público asume estándares ejemplares para el resto de la sociedad, sus instituciones sancionan a quienes no los cumplen y fiscalizan los abusos que sufren los consumidores y comerciantes en el comercio, también en el ilegal. Sería bueno ver al Sernac actuando con ímpetu ante los comerciantes ilegales en defensa de los derechos de miles de consumidores que allí compran (sin derecho alguno); con ello, aportaría a la estrategia de seguridad del Gobierno que, según han explicitado, “busca enfrentar decididamente el comercio ilícito”. Veremos.

Felipe Harboe