Por tercer gobierno consecutivo, está siendo muy difícil lograr acuerdos para una necesaria reforma al pilar contributivo y, sin embargo, pareciera existir un amplio consenso en seguir entregando más recursos al Pilar Solidario, a pesar de que el gasto en esta materia se ha multiplicado por tres veces en términos reales en los últimos cuatro años. Si bien esta mejoría era necesaria y bastante urgente, llegar a una PGU de $250.000 y hacerla universal es un error. Cuatro razones justifican esa apreciación: la primera es que tiene un costo fiscal creciente; la segunda es que no parece justo desde un punto de vista intergeneracional; la tercera es que puede dañar los incentivos a ahorrar, y la cuarta, probablemente la más compleja, es que genera una dinámica política que ya está siendo contraproducente.

La actual PGU, de $206.173, reajustable por IPC y que llega a los adultos mayores del 90% más pobre de los hogares, tendría durante este año un costo cercano a US$ 6.700 millones. El costo total del Pilar Solidario Previsional llega a US$ 8.400 millones, cifra que será creciente en el tiempo, producto del envejecimiento de la población. De acuerdo con los datos de Celade, en la próxima década la población mayor de 65 años en Chile crecería a un promedio anual de 3,4%, por lo que si el crecimiento del PIB está por debajo de esa cifra (lo que parece probable), el valor actual de la PGU generaría una presión importante sobre las finanzas públicas, para qué decir si además este valor sube en términos reales y amplía su cobertura al 100% de los adultos mayores.

Segundo, desde el punto de vista de la equidad generacional, la última Casen muestra que la tasa de pobreza de los mayores de 60 en Chile es de 3,1%, en comparación con tasas de dos dígitos para los menores de 18 años. No parece justo entonces seguir privilegiando a los adultos mayores con un aumento tan significativo de la carga fiscal para todo el resto.

Una tercera razón tiene que ver con los incentivos a cotizar, o de otra forma, el grave y creciente problema de informalidad laboral y de negocios que enfrentamos. Con tasas de cotización crecientes, que además podrían incorporar un componente de impuesto al no registrarse en la cuenta del cotizante, las personas percibirían que es una mejor decisión permanecer o entrar a la informalidad y buscar otras alternativas de ahorro, ya que de todas formas se asegura un monto que podría seguir subiendo en el tiempo. El “mejor no me cotice o cotíceme por el mínimo” y “mejor sin boleta” será cada vez más atractivo para trabajadores, dueños de negocios y hogares como empleadores.

El último problema es de índole política. ¿Cuál es la justificación para que la PGU llegue a $250.000? ¿Nos parece un mínimo “digno”? ¿Qué evita entonces que el próximo gobierno no busque subirla a $300.000 con la misma justificación, considerando además que es muy difícil para la oposición rechazar un aumento? La economía política de este tema es perversa, considerando además que el actual gobierno ya obtuvo los beneficios políticos de la creación de la PGU. De hecho, en los ocho primeros meses de este año, un 80% del aumento del gasto fiscal se explica por las prestaciones previsionales, lo que constituye una inyección a la vena al gasto en consumo de un segmento de la población, que además vota muy mayoritariamente. Resulta bastante evidente entonces que los próximos gobiernos también querrán buscar la forma de entregar recursos a los votantes por esta vía. No se trata de una especulación si miramos lo ocurrido en los últimos tres gobiernos. Gobierno y oposición solo han logrado ponerse de acuerdo para mejorar el Pilar Solidario, lo que se ha traducido en una combinación de alzas de impuestos y permanentes déficits fiscales. Preocupa en este tema una especie de “voluntarismo a la argentina” en el discurso: “Los jubilados no pueden seguir esperando, es ineludible la mejoría de las pensiones actuales”. El que ya hayan mejorado significativamente y de dónde provengan los recursos para mejorías adicionales es un problema secundario, que hace dudar del real valor que da el mundo político a la sostenibilidad fiscal. Y ojo, que los componentes de reparto como vía de financiamiento tienen el mismo problema de sostenibilidad.

En conclusión, estamos a tiempo de evitar un error que, sin duda, nos va a costar muy caro. ¿Qué hacer entonces? La mejor alternativa es vincular por ley la PGU a un parámetro lo más objetivo y menos manipulable posible, que podría ser la línea de pobreza (actualmente en $219.970) o mejor aún, un porcentaje del PIB per cápita en pesos del año anterior, de tal forma de atarla efectivamente a las reales posibilidades del país de financiarla. La PGU actual equivale a un 19% del PIB per cápita mensual de 2022, podría entonces establecerse en un 20%, que casualmente es casi equivalente a la línea de pobreza.

Cecilia Cifuentes
Directora ejecutiva Centro de Estudios Financieros ESE Business School U. de los Andes