De un año para el olvido están dando cuenta las cifras económicas. La combinación de una caída del Imacec de agosto de -0,9%, el sostenido aumento en la tasa de desempleo (9%) y un déficit estimado de 450 mil puestos de trabajo respecto de los niveles prepandemia lo reflejan.

Los esfuerzos de las autoridades por generar tranquilidad frente a estos números han sido infructuosos. De hecho, la peculiar explicación del ministro de Hacienda, al adjudicar al paro de profesores responsabilidad central en la caída de la actividad, al margen de discutible técnicamente, solo sirvió para abrir una innecesaria controversia con ese gremio. A esto se agrega la sorpresa que generó el referido negativo guarismo de agosto, cuando las expectativas apuntaban a un crecimiento de 0,5%.

El momento en que se conocen estas magras cifras tampoco ayuda al debate del proyecto de Ley de Presupuestos 2024. El texto plantea un aumento del gasto de 3,5% respecto del año anterior, junto con una solicitud de endeudamiento por US$ 21 mil millones, cifra récord, solo comparable con la observada en 2021 a raíz de la emergencia sanitaria. De acuerdo con las proyecciones de Hacienda para 2024, esto resultaría en un déficit efectivo (y estructural) para el gobierno central de un 1,9% y una deuda bruta que se elevaría al 41,1% (la más alta en 30 años), ambos como porcentaje del PIB.

Complica además dichas proyecciones la diferente naturaleza de las estimaciones sobre gastos e ingresos. Esto pues, en principio, los desembolsos del Estado, una vez aprobado el Presupuesto, deben simplemente ejecutarse; en cambio, los ingresos tienen un mayor margen de incertidumbre, pues dependen de supuestos sobre la actividad económica, el valor del cobre, el consumo, tipo de cambio, precio del petróleo, etc. De hecho, llama la atención la estimación de un crecimiento del PIB de 2,5% para 2024, toda vez que el Banco Central en su último IpoM entrega un rango para igual período de entre 1,25 y 2,25% (Hacienda anticipa una expansión de la demanda interna de 2,4%, que se compara con el 1,5% del Central). Errores en estas predicciones podrían reducir los potenciales ingresos del fisco, incrementando el déficit y la deuda. Por lo mismo, parece prudente intensificar el escrutinio del Congreso frente a cada uno de los supuestos utilizados por Hacienda para realizar sus cálculos.

Lo anterior cobra aún mayor importancia cuando se considera la urgente necesidad de reducir nuestros niveles de deuda en el largo plazo. Dados los estructurales desequilibrios entre gastos e ingresos, la Dirección de Presupuestos anticipa que la deuda bruta del gobierno central para los próximos años se estabilizará en torno al 41,3% del PIB, descartando cualquier posibilidad de reducirla de aquí a 2028, y con el riesgo de que la cifra siga en aumento en la medida que los ingresos estructurales continúen fluctuando. Esto posicionaría a Chile como un país más dentro de la región, con niveles de deuda comparables a los de Colombia y superiores a los de Perú, dejando atrás el logro de haber alcanzado rangos inferiores a 10% entre 2004 y 2010. Es preocupante notar que, aunque la idea de responsabilidad fiscal parece ser transversalmente aceptada en el debate constitucional, esto no se traduce en presupuestos acordes con nuestra realidad económica.

En este escenario, el país enfrenta un punto de inflexión. La autoridad plantea un presupuesto que da por sentado un crecimiento superior al de sus dos primeros años de gestión, pero sin justificaciones suficientes. De hecho, su eventual pacto tributario incluiría aumentos en los impuestos que deberían golpear el crecimiento, mientras que la reforma previsional supone un impacto sobre el mercado de capitales que agrega incertidumbre. Mientras, el desaprovechamiento del litio debido al error estratégico de amarrar su desarrollo al Estado; la ausencia de una modernización del aparato público; la asfixiante permisología, y un mercado laboral más rígido por medidas como las 40 horas y las alzas del salario mínimo, no brindan optimismo. La autoridad no tiene mayor espacio para convencer con un relato basado en buenas intenciones, cuando los fundamentos de sus acciones no apuntan a retomar el crecimiento. Es crucial que el Presupuesto 2024 refleje las actuales condiciones del país.