Las contribuciones afectan el patrimonio familiar y lo hacen de manera más aguda con el paso del tiempo. La casa en que se vive es una base importante para la vida y la estabilidad familiar: es normal procurar que la casa propia acoja a todos, para lo cual el tamaño es relevante como también lo es hacerla abrigada y más bonita, aspiraciones bien comprensibles. Tener un patio o jardín con un bonito árbol o parrón contribuye también a esa idea de la casa como base estable de la familia, lo mismo que procurar un barrio tranquilo y bien conectado con el lugar de trabajo.

Pues bien, todos los anteriores son factores que aumentan la base del impuesto territorial. Mientras más se esfuerza el propietario en tener una buena casa como su hogar, más se le grava. ¿Habrá algo más absurdo? Al fin de la vida, ese propietario diligente que sopesó el presente y el futuro como buen padre de familia, o simplemente como un vecino consciente, habrá visto su patrimonio ineluctablemente recortado mientras sus ingresos disminuyen o desaparecen y la salud personal o de sus dependientes empeora y exige dinero. Si esto no es “regresivo”, ¿qué otro factor podría serlo?

Esta tendencia a destruir casas y barrios es impulsada por la codicia municipal y fiscal, que favorecen la construcción en altura para poder cobrar más contribuciones. Se destruye la ciudad densificándola sin prever sus efectos y mucho menos con inversión para hacer frente a esa densificación.

En Las Condes (caso que conozco mejor) hay 382.000 roles, de los cuales solo el 2% está exento, número que crece año a año en 10.000 roles. La recaudación total por contribuciones en 2022 rondó los US$ 300 millones: en 10 años habrá una extracción patrimonial de US$ 3.000 millones (mutatis mutandis), recaudados sobre viviendas adquiridas por muchos a plazo, pagando intereses y con rentas que ya fueron gravadas.

Puede argumentarse que esos impuestos sirven para financiar infraestructura urbana, pero esto ocurre poco. En Las Condes el presupuesto para infraestructura es menos del 20% del total, y año tras año se ejecuta ¡menos de un tercio!

El aporte al Fondo Común Municipal producto de las contribuciones es muy alto. Las Condes en 2022 aportó US$ 160 millones al Fondo Común Municipal que la Subsecretaría de Desarrollo Regional se encarga de administrar. La Subdere, ¿hace buen uso de esos fondos? Entre US$ 2.500 millones y 3.000 millones al año son gastados con criterios particulares y reservados, vinculados sin disimulo a la intervención electoral por tirios y troyanos. Un ejemplo: la Subdere procura la “justicia territorial”, noción francamente esotérica. Nunca un poder del Estado ha hecho un examen serio (no solo formal) del gasto que hace la Subdere ni de los “programas” que por ahí respiran.

Terminar con, o acotar, las contribuciones sobre la vivienda familiar ayudaría a mejorar la vida cotidiana, induciría a constituir familias y a darles una forma de estabilidad. Es fácil gravar inmuebles (no se desplazan) y por eso les parece muy conveniente tanto a los enemigos de la propiedad como a los que la divinizan en otras aplicaciones concretas. Se dice que este no es tema propio de una Constitución, pero el Fondo Común Municipal, sin embargo, ha estado en la Constitución por años. ¿Acaso no hay evidencia suficiente de la dureza de la vida en nuestras ciudades, sangradas y descuidadas por los gobiernos —central y locales— codiciosos? Las circunstancias cambian y las instituciones también pueden cambiar.

Sería conveniente, al menos: a) rebajar el impuesto en general y particularmente vinculándolo a la edad del propietario, ya que los humanos se deterioran así como la casa que habitan, y tanto ellos como sus bienes exigen cuidados onerosos; b) definir de modo institucional que la base del impuesto territorial no pueda ser determinada unilateralmente por quien cobra mediante tasaciones periódicas que consideran factores para nada relacionados con la naturaleza propia del bien gravado, tales como cambios en el transporte público atinente, compraventas de inmuebles similares en el sector, definiciones del plan regulador local que alteran la constructibilidad de una zona, etcétera. Todos estos elementos son arcanos y escapan a la voluntad y posible acción del propietario de la casa que cuida y en que se atreve a vivir.

Carlos Larraín Peña