Señor Director:

En relación con la columna de don Nicolás Navarrete del día de ayer, en la que comenta varias de mis propuestas respecto de la política social, quisiera hacer algunas observaciones. Voy a elegir comentar dos temas.

Primero, el tema de los méritos de seguir usando una política como la actual, que trata de adivinar las necesidades de los pobres, en lugar de darles efectivo para que ellos decidan cómo gastarlo mejor.

Al respecto me gustaría enfatizar un aspecto filosófico en la elección de medios para lograr el objetivo de aliviar las consecuencias de la pobreza. Es propio de los economistas pensar que las personas son las que saben mejor qué necesitan (lo que se llama “la soberanía del consumidor”): la idea relativamente sencilla de que cada uno sabe mejor que nadie “dónde le aprieta el zapato”. Pero dicha idea es también una idea central en los países desarrollados democráticos: la confianza en los ciudadanos para tomar las mejores decisiones para sí mismos y para la sociedad (por ejemplo, en el voto).

No comparto el tratar a los pobres de una manera que tiene implícito que no confiamos en sus decisiones. El supuesto central de estos programas de transferencia de efectivo es que los adultos pobres quieren lo mejor para sus niños, que saben qué es lo bueno para su familia y que se puede confiar en que harán uso de los recursos a su disposición para perseguir los dos objetivos anteriores. Hay investigación reciente que nos dice que esto es así. Es mi intención escribir al respecto en el futuro.

En segundo lugar, quisiera diferenciar la propuesta de mi columna del martes de una propuesta de ingreso básico universal en que se le da una transferencia a toda la población en forma incondicional. En lo que propongo lo que se hace es transferir efectivo a los más pobres y hacer un retiro gradual de dicha transferencia a medida que las personas tienen un mayor ingreso. Una estructura razonable sería implementarla en torno a un sistema en que el 30% más pobre recibiera transferencias y el 30% más rico pagara impuestos. Lo que sí debieran poder esperar quienes están por encima del 30% más pobre es que, si cayeran sus ingresos, la política les empezaría inmediatamente a transferir recursos. Esto no puede asegurarse en un esquema como el actual, por lo que es necesario cambiar la forma en que se focaliza la política social.

Para finalizar, hago un llamado a la acción. La política social no está funcionando y entre quienes son afectados están niños pequeños que quedarán marcados de por vida si es que no los ayudamos ya.

Claudio Sapelli
Instituto de Economía
Pontificia Universidad Católica de Chile