Objeto de críticas fueron las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), al señalar la existencia de “usurpaciones pacíficas” al presentar el viernes el veto a la ley para sancionar las ocupaciones ilegales de inmuebles o terrenos. Los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), cuestionaron la frase emitida por la jefa de gabinete.

Los cuestionamientos apuntaron al convencimiento de ambos representantes del Parlamento respecto de la inexistencia de tomas pacíficas.

En “el caso de la usurpación pacífica, en donde no hay violencia e intimidación en las personas y tampoco hay violencia en las cosas —estos son casos muy excepcionales, porque tampoco hay agresión a Carabineros—, lo que se establece es que el juez va a definir si hay pena de cárcel (presidio menor en su grado mínimo) o hay multa. ¿Por qué se establece esta modalidad? Porque en este tipo de usurpaciones, que les recuerdo estamos hablando de la usurpación totalmente pacífica, en donde no se dañan la cosas, no se agrede a las policías, ni a ninguna persona, hay situaciones que pueden ser muy distintas, por ejemplo, lo que conocemos habitualmente como las tomas en que personas que tienen un problema habitacional, una familia, hace una usurpación (…)”, había dicho Tohá.

Pues bien, 72 horas después, mediadas por los cuestionamientos, la jefa de gabinete fue consultada en Visviri sobre sus declaraciones iniciales: “La verdad es que el término no es usurpación pacífica, se llama usurpación no violenta y se desprende de la ley actual. La ley clasifica la usurpación de tres maneras: primero está la usurpación con violencia e intimidación, que es cuando se agrede a las personas; después esta la usurpación que genera daños, que destruye cosas; y después esta la usurpación que no intimida, ni hiere a las personas y no destruye cosas, que es la usurpación no violenta. Las tres en la nueva ley son delitos, en las tres se puede detener, en las tres el delito es permanente y las policías pueden actuar en todo momento, y en las tres el juez va a tener a disposición las penas de cárcel”, respondió la ministra.

En paralelo a la expectación por el inicio de la tramitación de las 14 observaciones mañana en el Senado, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), fue requerido acerca de las declaraciones de Tohá, a lo que contestó: “El Código Penal habla de usurpaciones violentas y usurpaciones no violentas, que están reguladas en artículos distintos y sobre esa base nosotros hicimos un veto que establece gradualidad en la forma de aplicar las penas”.

García Ruminot (RN): “Gobierno no cumplió el compromiso”

Entre otras repercusiones por lo extensivo del veto presidencial, uno de los autores de la propuesta original, el senador por La Araucanía José García, consideró que “lamentablemente, el Gobierno no cumplió el compromiso” y recordó que por petición del propio Presidente Boric tanto él como el senador Jaime Quintana (PPD) elaboraron el proyecto inicial. En un principio las modificaciones se circunscribían a suprimir la legítima defensa privilegiada, para evitar la denominada autotutela. Al menos así lo entendieron los parlamentarios, en orden al ingreso de observaciones acotadas; sin embargo, son 14 vetos, con alcance incluso a las sanciones en caso de usurpaciones no violentas, proponiendo multa o presidio menor.

Comunistas

Desde la oposición han cuestionado al Gobierno por, a su parecer, ceder ante el Partido Comunista y el Frente Amplio, por la amplitud del veto e innovar en la sanciones de cárcel. De las eventuales presiones para formular las observaciones, el PC descarta el haber incidido.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo a Radio Nuevo Mundo que el veto presidencial “es un paso adelante”, sin excluir que “es perfectible”. En declaraciones reproducidas por El Siglo, el exdiputado sostuvo que “tal como se ha planteado desde un principio en el debate legislativo, las bancadas comunistas señalan que esta se considera una mala ley, que busca criminalizar la protesta social y poner el derecho a la propiedad por sobre la vida, y que podría traer graves consecuencias para la sociedad”. En paralelo, Alejandra Placencia (PC), integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, afirmó que su sector busca que no se criminalice la pobreza.