Los resultados de la Casen 2022 nos han vuelto a focalizar en los resultados de la política social. Más allá de que en una primera mirada parecía que los números (sorprendentemente) eran buenos, una mirada más detenida nos llevó a darnos cuenta de que son pobres.

Hace ya muchos años que la política social requiere cambios importantes, pero ellos no ocurren. En cierto sentido la política social ha sido capturada por personas que no son el objetivo de la política y a ellas no les conviene que cambie. Me refiero a los administradores de los cientos de programas y a los beneficiarios de algunos de ellos. La administración de estos programas se ha transformado en una burocracia que es parte de la razón de por qué dicha política es ineficaz y cara. La política social urgentemente requiere de un “sacudón”, de un cambio importante.

La necesidad de cambios debiera ser obvia. Nuestra política social fue diseñada hace décadas para un país muy diferente. En ese entonces, más de dos tercios de la población eran pobres. Hoy es menos de un 10% (aquí no quiero entrar en la polémica sobre cuál exactamente es este número).

Pero no solo hay muchos menos pobres; además las características de los pobres han cambiado. Los pobres son más educados, tienen familias más chicas, tienen más recursos.

Por otro lado, la política “vieja” estaba diseñada para una pobreza “dura” (o sea, permanente). La pobreza actual es más bien temporal. Y esta dimensión es muy importante, porque la política social para una pobreza del segundo tipo es más compleja en su diseño que para una pobreza del primer tipo. Hay que acompañar a las personas en tanto son pobres, y dejarlas cuando dejan de serlo, lo que requiere de una política ágil, con muy buena información oportuna, analizada rápidamente e implementada eficazmente.

¿Qué tipo de cambios se requieren? Dos, principalmente. Por un lado, menos programas. Muchos, muchísimos menos programas. De los 700 de hoy a un número de dos dígitos, para partir. Por otro lado, cambiar lo que entrega la política. Cambiar desde tratar de “adivinar” qué necesitan los pobres, a darles efectivo para que puedan ellos hacer lo que piensan es mejor. No me cabe duda de que es verdad aquello de que “cada uno sabe dónde le aprieta el zapato”.

Y hay que darles más dinero a quienes tienen hijos. Y más aún a quienes tienen niños menores de 5 años. Esto, en un intento de que los hijos de los pobres no queden “marcados” por esos episodios de pobreza. Para reducir sensiblemente la burocracia ineficaz que se ha armado en torno a la política social, me parece que dichas transferencias debieran ser incondicionales. Confiemos en la gente. Además, démosle el efectivo sin necesidad de que se inscriban. Automáticamente. Cargando una tarjeta de débito, por ejemplo.

Otro tema es que necesitamos cambiar el instrumento que se usa para detectar quién es merecedor de la transferencia. Olvidarse de las fichas, o del registro nacional de hogares. Usar ingresos. Para ello puede ser útil utilizar la información que tiene el SII y un rediseño del impuesto a la renta personal podría ayudar en esta tarea.

Finalmente, se requiere eliminar el límite “duro” que hace que un cambio pequeño en la suerte del grupo familiar termina con toda la ayuda social. Si uno no está en el 40% más pobre, pero sí en el 41%, entonces no recibe nada; si es parte del 40%, todo. Eso no tiene sentido. Expone a los pobres a un impuesto infinito, expropiatorio, que genera toda serie de incentivos perversos.

Lo que se requiere es un esquema que tenga una transición, que se vayan retirando las transferencias gradualmente, y si alguien se vuelve más pobre, que se le comiencen a dar transferencias también en forma gradual. Esto es caro, ya que implica darles apoyo también a quienes están un poco por encima de la línea de pobreza. Es más caro, pero es más justo y más eficiente.

Chile tiene el mismo Gini de mercado que EE.UU., Bélgica y Japón. ¿Por qué no tiene el mismo Gini que estos países después de la intervención del Estado? Porque dicha intervención es ineficaz. Es esto lo que urge cambiar con un “sacudón”.

Claudio Sapelli
Instituto de Economía Pontificia Universidad Católica de Chile