Señor Director:

Agregaría a la columna de Bernardo Larraín y José Antonio Valenzuela en “El Mercurio” de ayer, “Reenfoque del debate constitucional y legislativo”, el dar rango constitucional al Consejo de Alta Dirección Pública, ADP, como entidad autónoma del Estado, responsable —como actualmente lo es— de regular los procesos de selección de directivos públicos en base a mérito y desempeño, pero con más atribuciones. Con potestad de rechazar peticiones de renuncia de directivos nombrados por la ADP y ampliando su giro al supervisar la gestión que recaerá sobre el Servicio Civil respecto del nuevo régimen de empleo público que aprobó el pleno del Consejo Constitucional.

Un Consejo de ADP que recoja la experiencia de su actual funcionamiento, independientemente del gobierno de turno y que sea presidido por quien determinen sus miembros, dará mayores garantías para hacer realidad la modernización del empleo en el Estado chileno.

La ausencia de una innovación institucional de este tipo, cuya fuerza devenga al quedar consagrada en la Constitución, dificultará la puesta en marcha de cualquier ley que debata e impulse el Congreso en esta materia.

Carlos Williamson
Clapes UC