El primer instrumento de control migratorio, las medidas físicas en las fronteras, se muestra insuficiente, por la porosidad de los territorios, la limitada eficacia de los despliegues armados de los respectivos países y la ausencia de efectivos multinacionales de la Unión Europea (UE). Así quedó claro en la isla italiana de Lampedusa, a 100 kilómetros de Túnez, con la llegada de siete mil inmigrantes en pocos días la semana antepasada; en mucho menor escala sucede en Gran Bretaña, que adoptó rígidas restricciones migratorias. A la vez, las autoridades, como Matteo Salvini —impulsor del “blocco navale” mientras se desempeñó como ministro del Interior— y la ministra del Interior de Dinamarca, también promotora de la reconducción forzada e indiscriminada de migrantes al país de última procedencia, se han visto sometidos a proceso por la Corte Europea de Derechos Humanos. La ministra fue condenada a 60 días de detención domiciliaria. El Papa Francisco ha señalado que el rescate de migrantes es “un deber civilizatorio”, recordando que, desde su visita a Lampedusa hace diez años, han muerto más de 28 mil personas en su tránsito desde África a Europa.

Tampoco funciona el Acuerdo de Dublín para la solidaridad europea, que pretende repartir entre los 27 países cuotas de migrantes ilegales. Austria, Dinamarca, Polonia, Hungría, Letonia y Eslovaquia, entre otros, se oponen a recibir extranjeros sin previa autorización.

En cambio, alguna efectividad han tenido los acuerdos de colaboración y financiamiento al control fronterizo de los países de última procedencia y vecinos del receptor. Es el caso de Turquía y Francia, y desde hace dos semanas, Túnez, acuerdo negociado por el Primer Ministro Mark Rutte, de Holanda; la Primera Ministra Giorgia Meloni, de Italia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La prioridad del tema migratorio es tan marcada que los países europeos que sufren los adversos efectos económicos del envejecimiento de su población y con necesidad de aumentar la fuerza de trabajo prefieren restringir la migración, pese a ser la única solución, junto con incrementar la productividad, para abordar el crecimiento económico.

Relacionadas con lo anterior están las controversias por iniciativas para normalizar la situación de los migrantes ilegales residentes vía leyes de amnistía, actualmente paralizadas en Francia y Alemania, y resistidas en la mayoría de los gobiernos de la UE por considerarlas un estímulo a la migración ilegal.

El problema migratorio trasciende al ingreso descontrolado de nacionales de África a Europa; afecta también a Estados Unidos, por haberse cuadruplicado durante la presidencia de Joe Biden, y a varios países latinoamericanos, incluido Chile.

Arce vs. Morales: la guerra se agudiza

Sorpresivamente, el expresidente de Bolivia Evo Morales anunció que volverá a ser candidato, pues “el pueblo” se lo demanda.

El enfrentamiento entre Evo y el Presidente Luis Arce, que ocupó el Ministerio de Economía durante casi todo su mandato, ha venido acentuándose casi desde que Arce asumió el poder y designó ministros que no fueron de su agrado, el principal de los cuales es el de Gobierno, Eduardo del Castillo, que ha recurrido a la Policía Nacional para combatir el narcotráfico, llegando a enviar efectivos al Chapare sin la venia de los sindicatos de cocaleros, cuyo líder es Evo, y se ha atrevido a destruir laboratorios de cocaína que antes nadie osaba intervenir. El ministro ha mostrado también disposición a controlar el tráfico de ilegales y el contrabando a Chile, presidiendo la delegación a la Comisión Mixta en Chile.

Morales exigió a Arce la destitución del incómodo ministro, sin ser oído. Los ataques fueron entonces subiendo de tono y Evo llega a sostener ahora que Del Castillo, con la venia del Presidente, pretende capturarlo y entregarlo a Estados Unidos, a la DEA, como narcotraficante.

El empeoramiento de la situación económica, el agotamiento de las reservas internacionales y la caída en la producción de gas otorgan un buen motivo para las críticas de Evo. A su juicio, el “milagro económico” ocurrido durante sus largos años en el poder no fue resultado de políticas del entonces ministro Arce, que habría sido solo “un contador”.

Como ocurriera con el poderoso partido MNR en las décadas de 1950 y 1960, pareciera que la división interna entre caudillos puede ser la causa del ocaso del MAS, que dirige Morales y que ha predominado desde 1996, con una oposición débil y dividida, cuyo mejor caudillo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sufre ahora una prisión “preventiva”.

Con mejores maneras que su creador Evo, Arce no se diferencia demasiado en sus prácticas autoritarias: la expresidenta Áñez sigue en “detención preventiva” y el periódico opositor Página Siete debió cerrar, al ser ahogado económicamente por el gobierno.

El enfrentamiento entre Arce y su predecesor volverá a la justicia por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impugnó el supuesto derecho humano de Morales a la reelección.

A diferencia de lo ocurrido en los años 60, las Fuerzas Armadas bolivianas no parecen esta vez ser un factor que llene el vacío de poder al que puede llegarse por la disputa. Durante sus 14 años en el poder, Morales se preocupó de colocarlas a su servicio. Los comandantes generales son cambiados año a año y recompensados con nombramientos en entidades del Estado y embajadas.