No obstante los problemas que está enfrentando el proceso constitucional —dificultad para consensuar su contenido, provocando una tensión política divisiva que se suma a un ambiente ciudadano apático—, las normas que se han ido incorporando al sistema político muestran un avance promisorio.

Por una parte, se mantuvo el sistema presidencial y el Congreso bicameral propuesto por la Comisión Experta, de manera que una parte sustantiva de la tradición política del país no ha sido modificada. Por otra, se han introducido cambios que intentan corregir algunos de los problemas evidenciados en los últimos años. El más importante de ellos es la ingobernabilidad, asociada a una insana multiplicación de partidos políticos —hay veintidós representados en el Congreso—, producto de la reforma electoral impulsada y aprobada en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Para corregirlo se propuso un umbral de 5% de los votos para que los partidos puedan acceder a la representación parlamentaria, con una norma transitoria que permite que ese número baje a cuatro en la primera elección, y obviarlo si un partido logra seis congresistas entre los elegidos y los senadores que se mantengan en ejercicio. También se permitirá la fusión de partidos para reunir ese umbral, siempre y cuando hayan competido dentro de una misma lista o pacto electoral. A estos cambios se agrega la reducción de la magnitud de los distritos, que podrán elegir entre dos y seis diputados. Todo ello incentiva la existencia de pocos partidos más grandes, cuya mantención en el tiempo dependerá de la responsabilidad con que tomen sus decisiones.

En relación con la Presidencia de la República, se rechazó la enmienda que proponía elevar la edad para ser Presidente de 35 a 40 años, y se limitó a solo dos no consecutivos los períodos posibles de ser ejercidos por una misma persona. El pleno, por otra parte, eliminó la propuesta de los expertos que fijaba transitoriamente, por una sola vez, un rango 60/40 como paridad de salida, obligando a cambiar a quienes resulten electos si ello no se cumplía, ya que interfiere con las preferencias manifestadas en el voto. Además, se disminuyó el número de diputados a 138.

Se trata en general de normas positivas, que introducen reales mejoramientos al funcionamiento de nuestra institucionalidad política, el ámbito más propio de una Carta Fundamental. Sin embargo, para que la ciudadanía vuelva a entusiasmarse con el proceso constitucional, se necesitan gestos de mayor alcance que la sola razonabilidad de las normas propuestas. Probablemente, la construcción de grandes acuerdos transversales pudiese lograrlo. Ahora se abren instancias en las que participan los expertos y se rediscute lo ya obrado. Sobre sus hombros recae esa responsabilidad.