Señor Director:

Los últimos premios nacionales de la Educación han recaído en personajes “símbolo” de las reformas de los 70, los 80 y los 90 en el contexto nacional. Cada década ha tenido sus desafíos, sus azares y, por supuesto, sus desventuras. Eso no ha sido óbice para entregar dicho galardón. El último de ellos es, sin embargo, muy cuestionable (o debiera serlo), toda vez que quien se lo adjudica, por intermedio de la voluntad de la comisión que se lo asigna, valida de alguna manera las supuestas “reformas” educativas de los 90, que en rigor nunca fueron tales, pues al retorno de la democracia, el Ministerio de Educación optó —como decían ellos— “estratégicamente” por políticas de “continuidad” y no de ruptura de lo que se había realizado desde 1973 a 1990.

Este premio debe replantearse en el sentido de que se le debe asignar a iniciativas (educativo-pedagógicas) que efectivamente estén realizando innovaciones en los territorios, produciendo los cambios en la dirección de la calidad y la equidad que urgentemente necesita el conjunto de la comunidad escolar chilena hoy.

Si este premio sigue siendo una “moneda de cambio” para las siempre nuevas administraciones del Ejecutivo de turno (hoy el Presidente Boric), estaremos mal en las señales que les enviamos a los territorios. Un ejemplo: ¿cómo explicar que uno de los programas más deficientes desde el retorno a la democracia como el P-900 sea “simbólicamente” galardonado con el último Premio Nacional de Educación? Las políticas educacionales “orientadas por la pobreza extrema” de los 90 resultaron ser una muy mala inversión, y una muy mala idea, aunque hubiesen sido celebradas por las agencias internacionales. ¿Qué sigue para este premio?

Es necesario repensarlo. Por Chile y por los miles de niños y jóvenes que están en el sistema escolar... esperanzados.

Jaime Retamal S.
Dr. Educación / Académico Usach