Las encuestas muestran que el rechazo ha ganado siempre, aun antes de que empezara la discusión de las normas.

“Un gran acuerdo político para salvar el proceso”, propusieron parlamentarios de izquierda. Pero si aún está en plena ejecución el anterior “gran acuerdo político”. Y, además, ¿salvarlo de quiénes?, si en definitiva es la gente la que va a resolver. No se entiende tanto nerviosismo. Solo se comprende esa ansiedad en quienes llevan años sosteniendo que lo constitucional es el principal problema de Chile. Es cierto que el asunto ya está abierto y sería positivo que se aprobara un texto por amplia mayoría, y habrá que hacer todos los esfuerzos en ese sentido, pero es fundamental poner la pelota al piso.

En primer lugar, es evidente el hastío ciudadano con el proceso. Las encuestas muestran que el rechazo ha ganado siempre, aun antes de que empezara la discusión de las normas. Es decir, las razones para votar en contra no tendrían relación con el contenido de lo que se proponga. De hecho, el borrador de la Comisión Experta, cuya transversalidad se celebra, no genera mayoría ciudadana. Se rechaza, es decir, no “salva” el proceso.

En segundo lugar, el nivel de dramatismo con el que se ha calificado lo aprobado solo genera más hastío porque ahora, a diferencia del proceso anterior, no hay drama. El texto de la Convención, si prosperaba, debilitaba la democracia y asfixiaba la libertad; terminaba con la igualdad ante la ley y la separación de poderes; destruía la nación chilena y trituraba el Estado unitario; por nombrar solo algunos de sus efectos. En este proceso puede haber artículos discutibles, pero ninguno justifica la estridencia con que la izquierda reacciona. Lo ocurrido con la norma de paridad de salida es un buen ejemplo. Algunos la apoyan y otros no, pero de ahí a calificar como “demencial” o “retroceso civilizatorio” (que es la nueva consigna) el rechazo de una fórmula que no existe en ninguna democracia del mundo, es un poco excesivo.

Por otra parte, el texto de la Convención no se podía reformar sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Es decir, su aprobación sí era dramática…porque era para siempre. La propuesta que se discute fija un quorum de 3/5 para su reforma. Y para los que idolatran a la comisión designada por el Congreso, ese quorum lo puso ella y no hay enmienda para cambiarlo. Por tanto, de aprobarse, es una Constitución democrática perfectamente reformable.

En definitiva, como no hay normas concretas que justifiquen tanta exageración, la presidenta del Partido Socialista ha preferido señalar, para no complicarse y poder seguir pegada al rechazo junto al Partido Comunista, que el problema es “el espíritu” del texto y no el contenido. Por tanto, el “gran acuerdo político para salvar el proceso” ya no tendría que ser sobre el articulado, sino sobre “su espíritu”.

En todo caso, los mismos parlamentarios que se negaron a asumir en el Congreso la responsabilidad constitucional después del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, y la delegaron en un órgano “creado para la ocasión”, no pueden pretender, si se rechaza este texto, seguir experimentando. Es cierto que el poder constituyente debe volver al Congreso, desde donde nunca debió salir, pero no a este Congreso. Lo mínimo es exigir una moratoria constitucional. Y que el tema vuelva a ser discutido, si es que la gente lo estima importante, en las próximas elecciones, para que cada chileno vote conociendo qué pretende hacer (o no hacer) su candidato en materia constitucional.

Marcela Cubillos