“Los expertos pueden arreglar algunas cosas, pero no todo”, es una de las frases que se repite al interior del ex Congreso Nacional durante estos últimos días. Falta menos de una semana para que finalicen las votaciones en el pleno y los consejeros entreguen su propuesta de nueva Constitución a la Comisión Experta para que esta le haga observaciones y ya se han activado las conversaciones para definir los alcances de esas sugerencias.

Todo esto ocurre cuando las encuestas dan amplia ventaja a la opción “En contra” para el plebiscito, razón por la cual esta semana las directivas de partidos políticos como la UDI, RN y PS se han reunido para buscar fórmulas que eviten un nuevo fracaso. Y en estas citas, lo que ha primado es la idea de definir una estrategia sobre los cambios que podrían intentar introducir en el texto los expertos.

Según el reglamento, luego de recibida la propuesta del Consejo, la Comisión Experta podrá formular observaciones al documento para “agregar, modificar o suprimir artículos o sus partes”. Para ello tendrán “no menos de cinco y máximo de 10 días”, deberán sesionar en pleno y aprobar por tres quintos (14 votos) las sugerencias. Estas últimas luego deberán ser votadas por el Consejo Constitucional y aprobarlas por tres quintos de sus miembros (30) o rechazarlas por dos tercios (33). Aquellas que no consigan ninguno de esos quorum en la votación serán remitidas a una comisión mixta de consejeros y expertos para buscar una redacción alternativa.

De esta forma, la Comisión Experta no solo deberá buscar acuerdos transversales entre sus miembros (está integrada por 12 consejeros oficialistas y DC y 12 de oposición), sino también para que luego el Consejo apoye sus modificaciones (allí hay 22 republicanos, 11 de Chile Vamos y 17 de izquierda y pueblos originarios).

Es por eso que, hasta ahora, las tratativas apuntan a ser estratégicos —incluso tratando de no revelar completamente sus objetivos— y buscar consensos sobre cambios acotados, pero que puedan hacer diferencias, especialmente en algunos temas que más han sido criticados públicamente.

Oficialismo buscará cambios al Estado social

Durante las sesiones plenarias del Consejo, los comisionados tienen voz pero no voto. Es así como igualmente han intervenido en el debate y quienes más lo han hecho, salvo Natalia González (UDI), han sido expertos oficialistas: Antonia Rivas (CS), Domingo Lovera (RD) y Gabriel Osorio (PS).

En Unidad para Chile (PC, PS, CS, RD) tienen bastantes reparos con lo aprobado por el Consejo. A pesar de esto, también son conscientes de que cuentan con un plazo acotado para analizar el texto completo, y más importante, tendrán que negociar con los representantes de la oposición para que sus ideas prosperen. En consecuencia, han sostenido conversaciones junto a los consejeros y directivas de los partidos políticos para poner sobre la mesa cuáles son las materias en las que deberían centrarse.

Los representantes oficialistas quieren hacer hincapié en aquellas normas que consideran técnicamente desprolijas y que pongan en riesgo, a su juicio, el compromiso del Estado social y democrático de derecho.

En el pleno se eliminó que el Estado, en su deber de promover las condiciones para el acceso a los derechos fundamentales, debe remover los obstáculos que lo impidan o dificulten, frase que estaba en el anteproyecto. Es una norma que, a juicio de los comisionados de izquierda, debiera quedar en el texto, como ocurre con constituciones de España e Italia.

Algo parecido piensan sobre los cambios que se le hicieron a la potestad reglamentaria en el inciso 1 del artículo 23, que expresa que “solo la ley podrá regular, limitar o complementar el ejercicio de derechos fundamentales”. Los reclamos oficialistas apuntan a que con esta norma ya no podrían existir reglamentos o decretos que hagan esa tarea y dejaría fuera del ámbito legal a cuerpos reglamentarios como el Código Sanitario que contiene, entre otras cosas, disposiciones de la operatividad de la ley de aborto en tres causales.

Adicionalmente, consideran que el artículo 16, inciso 27, letra b que habla sobre la propiedad de las cotizaciones previsionales y el derecho de las personas de elegir la institución que los administre constitucionaliza a las AFP, y que pondría en peligro el componente solidario, por lo que también buscarían acuerdo para modificarlo. Algo similar evalúan respecto de la libertad de elección en salud.

Dos miradas en la oposición

En la vereda del frente hay visiones distintas. Por un lado, comisionados como los nominados por la UDI Natalia González, Máximo Pavez y Bettina Horst, junto con Carlos Frontaura (Rep.) tienen menos reparos con la forma que va tomando la propuesta de nueva Constitución, y así lo han dejado ver en sus intervenciones en el pleno. Es más, en una entrevista con el Diario Financiero, González comentó que “todo lo aprobado en torno a los derechos sociales en el pleno es una buena noticia para el país”.

Pero hay quienes han sido más críticos, como Hernán Larraín (UDI) y Sebastián Soto (Evópoli). Larraín, el 15 de septiembre, dijo: “¿Este texto hará posible su aprobación? Y la verdad, resulta difícil asegurar ese resultado, a estas alturas (...) los invito a seguir ahora en actitud de diálogo evidenciado con sus votos para hacer posible una buena y nueva Constitución”. Por su parte, Soto criticó duramente propuestas como la que exime de pago de contribuciones a la primera vivienda (ya aprobada) y apuntó que “al menos si me equivoco, prefiero equivocarme con un texto de consenso y no con un texto partisano”.

De esta forma, las prioridades de la derecha en cuanto a las observaciones no están del todo claras, pero sí algunos comisionados han manifestado que se deben analizar algunos puntos clave. Uno de ellos es la reposición de la transitoria de paridad de salida que establecía para las próximas dos elecciones parlamentarias que ningún sexo sobrepasara el 60% de los escaños, la que fue rechazada el lunes.

Otra norma que preocupa a la oposición es la aprobada en el inciso 4, letra b del artículo 16, respecto de que los extranjeros que ingresen al país de forma clandestina o por pasos no habilitados “serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia (...) A su vez, los extranjeros que cometan un crimen dentro del territorio nacional y sean condenados a presidio efectivo, deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen”.

Según algunos comisionados de derecha, la norma contiene expresiones ambiguas y podría ser improcedente establecer que la pena se deba cumplir en otro país en el cual la norma constitucional no tendría valor.

Otros artículos que son vistos como foco de revisión tanto en oficialismo como en oposición son el antes mencionado sobre las contribuciones y aquel que establece la objeción de conciencia institucional.

La mirada de los consejeros

Los consejeros, en tanto, han tenido distintas reacciones respecto de los comentarios sobre eventuales cambios que ya empiezan a deslizar los comisionados. “Los expertos deberían medirse a la hora de formular observaciones”, dijo, por ejemplo, el consejero del Partido Republicano Luis Silva, quien días después afirmó, en todo caso, que lo votado “no se ha escrito en piedra”.

Por su parte, Jessica Bengoa (CS) plantea que se necesita “un acuerdo transversal para que los comisionados expertos puedan reconstruir el texto constitucional en términos de poder avanzar en los cambios estructurales para avanzar hacia un país más justo”. En la misma línea, Carlos Recondo (UDI) expresa que las observaciones de los expertos “serán muy importantes y habrá un paquete de normas que podremos aprobar de manera bastante rápida, pero también vendrán otras que serán más complicadas que generen consenso. Pero quedan instancias como para resolver y creo que esos van a ser momentos muy importantes en donde se necesitará un acuerdo amplio de todos los partidos que están presentes en el Consejo”.