Aunque sus integrantes, los árbitros, son vistos casi a diario en los pasillos del ex Congreso Nacional, la última vez que sesionó el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA) fue el 25 de mayo pasado, antes incluso de que comenzara el trabajo del Consejo Constitucional.

Y dado el escenario en que ha devenido el proceso constituyente, los mismos consejeros prevén que aquello continuará así, ya que según el mandato que tienen, solo sesionarán en caso de que alguna fuerza política ingrese un requerimiento acusando que algo de lo aprobado ha vulnerado las 12 bases institucionales que definieron los partidos, lo que tiene bajas probabilidades.

En la derecha hasta el minuto no ha sido una opción, dado que el grueso del contenido aprobado corresponde a propuestas de las bancadas de oposición, pero para el oficialismo era una alternativa viable un par de meses atrás.

Cuando fracasaron las últimas mesas negociadoras y el Consejo se aprestaba a iniciar las votaciones, en el bloque de izquierda manifestaban abiertamente que acudir al Comité era una posibilidad que se debía evaluar, mientras criticaban el contenido de lo aprobado. Hoy son mucho más escépticos y, de hecho, ya se agotó el primer plazo para hacer los requerimientos en contra de algunas de las normas más importantes del texto. Según el artículo 155 de la Constitución, los consejeros o los expertos tienen cinco días de plazo desde aprobada una norma —en comisión o en el pleno— para reclamar, lo que ya venció en los casos de los capítulos que abordan el Estado social y democrático de derecho y los derechos sociales, que se votaron entre el 15 de septiembre y el 22 de ese mes. No obstante, otros interpretan que la etapa de observaciones y la aprobación final del texto, en noviembre, también podría ser un momento para evaluarlo, y desde el Comité Técnico de Admisibilidad comentan que aquella interpretación podría ser plausible, porque el reglamento no distingue entre los momentos de aprobación y el asunto nunca fue zanjado en las sesiones que tuvieron los árbitros.

El tema ni siquiera ha formado parte de las últimas reuniones de los consejeros, y de hecho, recién el miércoles, luego de la votación en la que se consagró la jurisdicción militar, un representante de izquierda mencionó al pasar que aquello podría ser materia del CTA al interpretarse que se trastocaría la unidad jurisdiccional.

Pero en otras intervenciones, los mismos consejeros de izquierda han manifestado que, a juicio de ellos, parte de las materias votadas relacionadas con derechos vulneran el real sentido del Estado consagrado en las bases.

No obstante, los argumentos que dan en el sector para explicar el por qué no están persiguiendo tal acción son variados. Primero, señalan, está lo acotado de los plazos, así como la conformación del órgano, que tiene 14 árbitros, siete nominados por la oposición y siete por el oficialismo, y el quorum de aprobación que tienen, de mayoría absoluta. De esta forma, afirman, les faltaría un voto más para aprobar cualquier tipo de reclamo, asumiendo que los otros siete estén alineados.

También aluden a que la posibilidad real de que el órgano apoye la postura de la vulneración de las bases es baja, dado que en el proceso constituyente se ha entendido que el solo hecho de replicar la base institucional en el texto es suficiente para cumplirla. En ese sentido, por ejemplo, la norma que habla de que el Estado de Chile es “social y democrático de derecho” fue aprobada.

Pero además, está el antecedente de la acción ante la Corte Suprema que realizó el oficialismo hace un par de meses, cuando objetó la inclusión de dos nuevos capítulos al borrador constitucional y el máximo tribunal le dio la razón a las bancadas de oposición.

“Ocupar esa herramienta no ha sido una solución que hemos revisado. Lo más importante era dar los argumentos suficientes para lograr cambiar la decisión en el pleno, cuestión que no ha ocurrido. Lo que pasó con la Corte Suprema marcó un punto importante respecto de que estaba esa alternativa y no nos fue bien y la respetamos”, dice el consejero RD Julio Ñanco.

El consejero Yerko Ljubetic (CS) explica que el trámite no se ha realizado, “por un lado, por la complejidad del asunto, por otro lado, por la conformación del comité. Sin perjuicio de que no lo descartamos, soy escéptico sobre la probabilidad que tenemos de avanzar allí”.

“Estamos haciendo esa revisión (de lo aprobado) con más rigor para llegar a conclusiones, pero en principio, no me parece que sea una alternativa relevante en el horizonte”, señala Ljubetic.

La experiencia más cercana que tuvo el oficialismo con una decisión de tal magnitud fue la tarde del 15 de septiembre, cuando se rechazó por votos de la derecha un artículo del capítulo de Principios sobre los pueblos originarios, que refería directamente a una base institucional.

La sesión debió suspenderse, dado que el P. Republicano argumentó que se trató de una equivocación, y durante varios minutos las bancadas estuvieron reunidas para resolver cómo solucionar aquel problema. Los consejeros y comisionados de izquierda, en ese minuto, hablaban de que, de no reponerse, podrían acudir al Comité Técnico de Admisibilidad, lo que no flotó, dado que los republicanos solicitaron la unanimidad para volver a votar la norma.