Si revisamos el devenir político a lo largo de los últimos cuatro años, la densidad y el dramatismo de los eventos es notable. Lo mismo que la resiliencia del país. Estallido social del 18-O de 2019, combinación de revuelta violenta y protestas masivas. Enseguida, Acuerdo Nacional del 15-N, que abrió paso al proceso —todavía en curso— de definición de una nueva Constitución. Hasta aquí dicho proceso ha avanzado a tumbos. Ahora enfrenta una encrucijada decisiva.

Adicionalmente, durante este tiempo se ha producido un completo recambio del personal político nacional, incluyendo el fin del gobierno Piñera-2, de centroderechas, y el inicio del mandato Boric, a cargo de una coalición integrada por el FA y el PC, con un respaldo crítico de otras fuerzas de centroizquierda.

Súmase al intenso calendario anterior, la catástrofe causada por la pandemia de covid-19, sus impactos en la economía y la psicología de la población, la ola de crimen crecientemente violenta que recorre las ciudades, la desconfianza institucional que atraviesa a la sociedad y un estado profundamente negativo, y a la vez expectante, de la opinión pública encuestada.

Frente a tal acumulación de sucesos que alteran la normalidad y provocan masivas tensiones en la sociedad y agudas polarizaciones en la esfera política, cabe preguntarse si acaso nuestras élites gobernantes, de un extremo al otro del espectro ideológico, están conscientes de los enormes riesgos que nos acechan.

El 18-O próximo es un momento oportuno para reexaminar lo cerca que estuvimos (recién ayer) de ser consumidos por la violencia y la movilización de los indignados. A su turno, el 15-N venidero debería servir para afirmar nuestra institucionalidad democrática, única forma de administrar pacíficamente los conflictos que atraviesan nuestra sociedad.

Entre ahora y el 17-D, día del nuevo plebiscito, hay tiempo todavía para corregir la peligrosa deriva que lleva el debate. En efecto, vamos directo hacia un nuevo gran rechazo, escrito con doble mayúscula. Pues, contraviniendo la única obligación que pesa sobre los consejeros constituyentes —esto es, construir un texto razonable, acordado transversalmente—, la extrema derecha republicana, sin frenos dentro de su sector, repite exactamente el mismo desaguisado que perpetró ayer la extrema izquierda de las listas del pueblo, con la connivencia de la izquierda oficial.

De manera que otra vez se busca imponer una Constitución militante, comprometida con un modelo de sociedad, anclándolo en la Carta Fundamental. Cometer el mismo error por segunda vez, aunque sea con una retórica distinta, es una necedad que, de ocurrir, nos mantendrá entrampados varios años más.