El cambio en la criminalidad del país durante los últimos años, mediante la proliferación de bandas de crimen organizado, con una estructura más compleja y un actuar más violento —con un marcado aumento en delitos como los homicidios— han significado una mayor complejidad para las investigaciones del Ministerio Público y las policías.

Las distintas estrategias para enfrentar el crimen organizado fueron el tópico de la segunda jornada de la Conferencia Internacional de la Fundación Paz Ciudadana, que contó con la participación de representantes del órgano persecutor, la PDI y expertos en la materia.

Desde la fiscalía detallan que enfrentar este tipo de criminalidad se traduce en causas más largas que presentan dificultades como el temor de las víctimas a cooperar en el proceso, y la necesidad de infiltrar agentes en esas organizaciones para entender su funcionamiento, definir su estructura y lograr detenciones y acusaciones concretas para asegurar el éxito ante los tribunales.

Un caso que puso en la discusión pública el temor de víctimas y testigos es la decisión del juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, quien dio acceso a las defensas de integrantes de Los Gallegos, ligados al Tren de Aragua, a los nombres de 50 personas que entregaron su testimonio en la investigación. Hoy, la Corte de Apelaciones resolverá el recurso de protección presentado por la fiscalía local.

Necesario cambio de enfoque

Durante su participación en la conferencia de Paz Ciudadana, la subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público, Tania Gajardo, señaló, entre otras cosas, que es necesario un “cambio de enfoque de la persecución penal desde el delito puntual individual hacia el fenómeno y la estructura. Es un cambio de visión complejo, porque resulta que para un fiscal y un equipo policial, una investigación de una estructura de una organización criminal es larga, compleja, un juicio largo, con testigos sin adherencia al proceso penal, con víctimas que no colaboran, mucho más difícil que un caso individual de una situación particular”.

En esta línea, apuntó entre los desafíos el dotar a todas las fiscalías y policías de recursos humanos y aplicar tecnología en las indagatorias: “Tenemos desafíos complejos como el mayor uso de la dark web y cripto activos”. Añadió que “ en Chile no tenemos un organismo que administre los bienes incautados y decomisados. Una persona puede terminar su pena, salir, y sus bienes están donde mismo, y eso no tiene sentido”. Cree que una entidad debería encargarse de la venta de las incautaciones de ese tipo.

Por su parte, el fiscal nacional (s) Xavier Armendáriz, destacó la creación de una “Fuerza de Trabajo de Reacción Temprana e Investigación de homicidios cometidos en contexto de crimen organizado”, con equipos de investigación 24/7 en las regiones con mayores tasas de este delito, junto con el desarrollo e implementación de herramientas de inteligencia artificial, como el Fiscal Heredia, para procesar e integrar la información, con el objeto de detectar estructuras complejas de criminalidad.

Desde la PDI, en tanto, el jefe nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, prefecto Paulo Contreras, señaló que “a veces, las instituciones del sistema vemos con un poco de distancia estos temas y seguimos pensando las áreas informáticas como soporte y no como un gestor del proceso investigativo, esto es atingente para enfrentar la criminalidad organizada y las nuevas formas de delito, ciberdelito, ciberataques, criptomonedas”.

Rol clave de infiltrados

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, explicó que el uso de agentes encubiertos fue clave en la investigación de casos complejos como el de Los Gallegos, grupo ligado al Tren de Aragua, y otras bandas.

“Fue la única manera donde pudimos llegar al final de cada una de estas organizaciones”, dijo, y destacó que “los bienes incautados de estas operaciones, pagan el presupuesto de la fiscalía de más de un año, considerando todos los gastos que tiene esta unidad, así que es rentable también investigar de esta manera y llegar hasta el último peso de estas organizaciones”.

En este contexto, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, sostuvo que “uno pensaría en un sistema que vaya recogiendo las maneras de solucionar los problemas y las fuera transversalizando a nivel nacional, quizás la Fiscalía Supraterritorial (cuyo proyecto ingresó el martes al Congreso) podría tener algún rol en eso”.