Un importante incremento en los costos de extraer una libra de cobre está teniendo lugar en los grandes yacimientos cupríferos nacionales. El indicador respectivo, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), reportó al primer trimestre de este año un valor de US$ 2,02, su nivel histórico máximo. Dichas alzas son encabezadas por Codelco, cuya última medición de costos unitarios tuvo un incremento de 41%; a su vez, Collahuasi reportó un 35% de aumento, y también tuvieron incrementos de costos las minas de propiedad de AngloAmerican y de BHP, esta última con una subida de 20,3%. Solo Antofagasta Minerals tuvo una reducción de costos, producto de haber logrado una mayor producción, de mejores precios de sus subproductos, especialmente el molibdeno, y de un muy estricto control de gastos.

En casi todos los casos, el mencionado aumento estuvo asociado a una disminución de la producción, a raíz de la tendencia a la baja de la ley de los minerales, de la mayor dureza de la roca, de las dificultades en la provisión de agua y de las rigideces que muchas veces enfrentan las empresas para disminuir sus costos fijos, en particular los salarios, todo lo cual se traduce en un mayor costo unitario por cada libra de cobre producida. Por otra parte, también se han detectado alzas en los costos de mantención de equipos, probablemente asociados con las dificultades para renovarlos durante la pandemia, por lo que, a medida que ello se vaya resolviendo, será posible revertir en parte esa situación.

Esta expansión de los costos no solo afecta a las empresas productoras —entre otras razones, porque un menor retorno en sus proyectos actuales las hace revisar con más cuidado la decisión de abordar proyectos futuros—, sino también al Estado de Chile, pues los impuestos que paga la actividad minera —el impuesto de primera categoría y el royalty— se calculan sobre los márgenes que ella genera, y un margen más estrecho, producto de una crecida en los costos, impacta directamente en las arcas fiscales. Al respecto, resulta particularmente preocupante que sea Codelco la más afectada por este fenómeno, porque la repercusión en el erario público es aún mayor, dado que casi todos sus excedentes después de impuestos van al fisco. Además, Codelco ya tiene una alta deuda, y sus proyectos estructurales enfrentan dificultades técnicas e importantes desvíos al alza en las inversiones requeridas, por lo que el aumento de costos unitarios solo acentúa esas dificultades.

Obviamente, son las propias empresas mineras, incluida Codelco, las que deben trabajar para controlar sus costos de producción, y para ello deben utilizar las mejores herramientas de gestión que tengan a su disposición. Pero, por otro lado, el Estado de Chile debe estar consciente de que menores retornos en sus actuales proyectos desincentivan la inversión de las mineras en proyectos nuevos, y si, además, los problemas administrativos y burocráticos para desarrollarlos, o la dificultad y lo extendido del tiempo necesario para conseguir los permisos requeridos continúan con la actual tendencia —y el Estado es el único que tiene capacidad para atenuarlo—, se puede configurar el escenario de un sector minero más pequeño en términos relativos, con los consecuentes efectos adversos para el fisco.

Aunque ello es solo hipotético, pues las proyecciones mineras de Chile siguen siendo auspiciosas, es bueno que el país tome conciencia de que en el siglo XXI la mayor creación de riqueza la proporciona el conocimiento incorporado a los bienes y servicios que su economía produce. La riqueza que se extrae de las entrañas de la tierra, aunque valiosa, no es suficiente.