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RenovarEditorial
Jueves 28 de septiembre de 2023
Los temas del Presupuesto 2024
El Gobierno deberá dar respuestas satisfactorias en áreas que van desde el uso eficiente de los recursos y las medidas anticorrupción, hasta el carácter de los ingresos del litio.
Con la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos, anunciada para este viernes, se dará inicio al debate del erario 2024.
La propuesta del Ejecutivo deberá dar cuenta de las evidentes dificultades económicas que enfrenta la administración del Presidente Gabriel Boric. Con un PIB que se espera experimente una variación negativa en 2023 y solo una leve recuperación en 2024, sumado a las documentadas dificultades de gestión de su gobierno, que han incluido lo que parece haberse configurado como un mecanismo de corrupción dentro del Estado (caso Convenios), la atención estará centrada no solo en el porcentaje de variación del presupuesto, sino también en la distribución de los recursos, los esfuerzos para asegurar la eficiencia del gasto y los incentivos para agilizar las capacidades productivas del país.
Desde ya, dado el complejo contexto económico, se anticipa una expansión presupuestaria acotada. La propuesta debe ser además consistente con las proyecciones del balance del Gobierno Central y los esfuerzos por controlar la inflación (se anticipa que en los próximos meses las presiones al alza sobre los niveles de precios retornarían por efecto del tipo de cambio y del precio del petróleo). Por de pronto, el análisis de los gastos comprometidos para el período 2024-27 del más reciente Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos plantea un aumento de 3,1% anual en 2024. Este porcentaje arrojaría, al considerar las proyecciones de los ingresos del Estado, un déficit cíclicamente ajustado de -1,8% del PIB y un balance efectivo (consistente con la meta) de -1,9% del PIB. Así, frente a la evolución de nuestra economía, la meta de un balance efectivo de 0% en 2027 se ve lejana. Por lo tanto, un ajuste por debajo del 3% no debe ser descartado.
En cuanto a la gestión presupuestaria, la cuestionada evolución de la ejecución de los recursos asignados durante el presente año es un precedente para la discusión. Más allá de los esfuerzos de la autoridad por explicar la subejecución acumulada a julio del gasto de capital —el porcentaje de avance solo alcanzó el 39,5%, frente a un 46,3% histórico—, un análisis detallado de las cifras indica problemas en la capacidad del Estado en esta materia. El ajuste fiscal por US$ 2.000 millones realizado por Hacienda hace algunos meses ha sido interpretado como una manifestación de dicha dificultad e incluso como una señal anticipada de que las metas agregadas para 2023 no se alcanzarían.
Algo similar ocurre con la probada dificultad del fisco para modificar, ajustar o incluso discontinuar los programas estatales mal evaluados, y que análisis independientes han comprobado que significan el uso ineficiente de millonarios recursos de los contribuyentes. Es de esperar que en esta oportunidad una acción más decidida en estas materias tenga incidencia real sobre la estructura de la Ley de Presupuestos.
La relación entre las acciones del Estado, siempre financiadas por los ciudadanos, y la calidad de los servicios que ofrece a la población se anticipa será otro tema del debate. Se trata, en el fondo, de una agenda relegada, pero de gran importancia, como es la modernización del Estado, y que debe incluir, por cierto, una completa revisión del empleo generado desde el sector público. El caso Convenios, en donde millonarios recursos fueron dilapidados debido en parte a las facilidades que el mismo Estado ofrece para ello, puede ser una oportunidad para impulsar mejoramientos efectivos. Esto, a partir de medidas que, sin desincentivar la participación de la sociedad civil, combatan la corrupción y aseguren un uso eficiente de los dineros públicos, con un foco ciudadano.
Adicionalmente, la discusión respecto del monto de los gastos, su distribución y eficiente utilización será complementada con el debate en torno a los ingresos del Estado. En este sentido, los recursos generados gracias a la explotación del litio estarán en el centro de la discusión. El debate respecto de cuánto de ello debe ser considerado como parte de los ingresos estructurales del Estado será también un recordatorio de cómo las cuestionables decisiones del Gobierno en este ámbito le están significando al país perder valiosas oportunidades.
La propuesta del Ejecutivo deberá dar cuenta de las evidentes dificultades económicas que enfrenta la administración del Presidente Gabriel Boric. Con un PIB que se espera experimente una variación negativa en 2023 y solo una leve recuperación en 2024, sumado a las documentadas dificultades de gestión de su gobierno, que han incluido lo que parece haberse configurado como un mecanismo de corrupción dentro del Estado (caso Convenios), la atención estará centrada no solo en el porcentaje de variación del presupuesto, sino también en la distribución de los recursos, los esfuerzos para asegurar la eficiencia del gasto y los incentivos para agilizar las capacidades productivas del país.
Desde ya, dado el complejo contexto económico, se anticipa una expansión presupuestaria acotada. La propuesta debe ser además consistente con las proyecciones del balance del Gobierno Central y los esfuerzos por controlar la inflación (se anticipa que en los próximos meses las presiones al alza sobre los niveles de precios retornarían por efecto del tipo de cambio y del precio del petróleo). Por de pronto, el análisis de los gastos comprometidos para el período 2024-27 del más reciente Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos plantea un aumento de 3,1% anual en 2024. Este porcentaje arrojaría, al considerar las proyecciones de los ingresos del Estado, un déficit cíclicamente ajustado de -1,8% del PIB y un balance efectivo (consistente con la meta) de -1,9% del PIB. Así, frente a la evolución de nuestra economía, la meta de un balance efectivo de 0% en 2027 se ve lejana. Por lo tanto, un ajuste por debajo del 3% no debe ser descartado.
En cuanto a la gestión presupuestaria, la cuestionada evolución de la ejecución de los recursos asignados durante el presente año es un precedente para la discusión. Más allá de los esfuerzos de la autoridad por explicar la subejecución acumulada a julio del gasto de capital —el porcentaje de avance solo alcanzó el 39,5%, frente a un 46,3% histórico—, un análisis detallado de las cifras indica problemas en la capacidad del Estado en esta materia. El ajuste fiscal por US$ 2.000 millones realizado por Hacienda hace algunos meses ha sido interpretado como una manifestación de dicha dificultad e incluso como una señal anticipada de que las metas agregadas para 2023 no se alcanzarían.
Algo similar ocurre con la probada dificultad del fisco para modificar, ajustar o incluso discontinuar los programas estatales mal evaluados, y que análisis independientes han comprobado que significan el uso ineficiente de millonarios recursos de los contribuyentes. Es de esperar que en esta oportunidad una acción más decidida en estas materias tenga incidencia real sobre la estructura de la Ley de Presupuestos.
La relación entre las acciones del Estado, siempre financiadas por los ciudadanos, y la calidad de los servicios que ofrece a la población se anticipa será otro tema del debate. Se trata, en el fondo, de una agenda relegada, pero de gran importancia, como es la modernización del Estado, y que debe incluir, por cierto, una completa revisión del empleo generado desde el sector público. El caso Convenios, en donde millonarios recursos fueron dilapidados debido en parte a las facilidades que el mismo Estado ofrece para ello, puede ser una oportunidad para impulsar mejoramientos efectivos. Esto, a partir de medidas que, sin desincentivar la participación de la sociedad civil, combatan la corrupción y aseguren un uso eficiente de los dineros públicos, con un foco ciudadano.
Adicionalmente, la discusión respecto del monto de los gastos, su distribución y eficiente utilización será complementada con el debate en torno a los ingresos del Estado. En este sentido, los recursos generados gracias a la explotación del litio estarán en el centro de la discusión. El debate respecto de cuánto de ello debe ser considerado como parte de los ingresos estructurales del Estado será también un recordatorio de cómo las cuestionables decisiones del Gobierno en este ámbito le están significando al país perder valiosas oportunidades.
