Las organizaciones comprometidas con reconocer los derechos de las mujeres a la plena ciudadanía y a la igualdad política, social y laboral, vemos con preocupación la deriva que ha tomado el proceso constitucional en su actual etapa. Avizoramos un nuevo fracaso en el horizonte: el de un proyecto excesivo, sobrecargado de disposiciones propias de programas de gobierno o de asuntos que deberían ser materia de ley y no de una Constitución. Desde todas las posiciones políticas se alzan voces de alarma: se trata de una preocupación transversal.

Tal como van las cosas, nos interesa señalar cómo se puede afectar específicamente la autonomía de las mujeres. Nos pone en alerta un constante juego verbal dedicado a deslizar en el texto constitucional expresiones que luego puedan interpretarse a favor de limitar dicha autonomía. Es el caso del uso mañoso de “quien”, de la definición de “niño” y otras ya aprobadas. La intención de estas enmiendas (ya declarada expresamente por algunos consejeros) es cuestionar la constitucionalidad de leyes vigentes, a las que se han acogido muchas mujeres en Chile en situaciones gravísimas.

Algo parecido sucede con la extensión de la objeción de conciencia a las instituciones: puede, por ejemplo, dificultar la entrega de la píldora del día después o los anticonceptivos, que hoy son parte de la vida cotidiana de gran parte de las mujeres en Chile.

No podemos guardar silencio sobre el intento de imponer a toda la ciudadanía las creencias religiosas de unos pocos, en detrimento de libertades personales que ya, hace años, tenemos.

En cuanto a la igualdad en el ejercicio de los derechos, nos pone en alerta que se haya suprimido, respecto del derecho a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y la no discriminación, el deber del Estado de adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que fueran necesarios para la realización de este derecho, con lo cual la norma queda como una puramente programática.

También que se debilitara la norma de la Comisión Experta que ordenaba a la ley asegurar el acceso igualitario, de mujeres y hombres, a los mandatos electorales y se rechazara la enmienda que delegaba en la ley asegurar una composición paritaria del Congreso. Tampoco se aprobó la norma transitoria del anteproyecto que buscaba asegurar el equilibrio de género en el Congreso para las próximas dos elecciones.

No consideramos la paridad como un regalo, sino como una exigencia para avanzar hacia una democracia verdaderamente representativa de la población. Queda ponerse de nuevo en alerta para evitar que la falta de reconocimiento constitucional se traduzca en una menor participación política de las mujeres.

Por último, al rechazarse la propuesta de iniciativa popular acerca del reconocimiento del derecho a los cuidados, que lo establecía como una corresponsabilidad social, y dejarlo reducido a un deber que pesa sobre las familias, se perpetúa el cuidado a cargo de las mujeres y, con ello, nuevamente se limita su autonomía y su capacidad de incorporarse a la fuerza laboral.

Expresamos nuestra alarma y preocupación a la opinión pública y llamamos a actuar con urgencia, pues todavía quedan instancias en el proceso constitucional para revertir estos retrocesos. A la Comisión Experta, que aún puede insistir en las disposiciones que incluyó y que fueron sacadas del texto. Y al pleno, a acogerlas como una demanda transversal. Los avances para una mejor democracia se hacen con las mujeres, no contra ellas o sin ellas. Porque si es bueno para todas, es bueno para todos.

María Olivia Recart
Camila Maturana
Virginia Aguirre
Fernanda Vicente
Francisca Jünemann
Mónica Retamal
(Quienes suscriben son presidentas de ComunidadMujer, Corporación Humanas, Asociación Yo Cuido, Mujeres del Pacífico, presidenta ejecutiva de ChileMujeres, y directora ejecutiva de Fundación Kodea, respectivamente)