En 1990, asistía a la educación escolar estatal un 59 por ciento de los niños y jóvenes. En la actualidad, esa proporción llega a poco más del 36 por ciento. Al contrario, la educación particular subvencionada ha pasado, en el mismo período, desde representar un 33 por ciento de la matrícula a un actual 54 por ciento. A su vez, durante largo tiempo —y atendidas además las posibilidades que abrió el financiamiento compartido, en 1993—, la matrícula particular pagada se mantuvo en niveles que no superaron el 8 por ciento registrado en 1990. De hecho, en 2014, previo a las restricciones que en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se le impusieron al financiamiento compartido —y que irá extinguiéndolo con el paso del tiempo—, dicha matrícula alcanzaba el 7,6 por ciento. Ahora, sin embargo, se empina a un 9,2 por ciento, como consecuencia, principalmente, de la conversión de algunos colegios subvencionados con alto financiamiento compartido en particulares pagados.

La caída de la matrícula estatal se dio con especial fuerza en la primera década de este siglo, al bajar desde un 55 por ciento, en 2000, a un 42 por ciento, en 2010. Es difícil argumentar que este descenso haya tenido su explicación en el modelo de financiamiento o en la organización del sistema. Hay que recordar que esa década fue particularmente intensa en movilizaciones de profesores y de estudiantes que afectaron principalmente a la educación estatal. Era esperable que, ante ese escenario, las familias buscaran colocar a sus pupilos en aquellos planteles donde, a diferencia de los estatales, las clases se impartían regularmente, considerando, además, la importancia que ello tiene para los aprendizajes (respecto de esto último, si había alguna duda, la pandemia la despejó completamente). Por cierto tampoco ayudó a la matrícula el continuo cuestionamiento que entonces se le hacía a la institucionalidad de la educación estatal, sin ofrecer soluciones alternativas interesantes.

En un principio, las tendencias promedio respecto de este fenómeno mostraban una heterogeneidad por grupo de ingreso. Así, la matrícula estatal caía más lentamente en los sectores de bajos ingresos, mientras que el descenso se aceleraba en los grupos medios y medios altos. En la última década, empero, esta situación empezó a cambiar. Así, un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo da cuenta de una consolidación de la matrícula privada en todos los grupos de ingresos. En efecto, utilizando información de la Encuesta Casen 2022, muestra, por ejemplo, que en el primer quintil de ingresos —conformado por el 20 por ciento de los hogares de menores ingresos autónomos per cápita— por primera vez los niños y jóvenes matriculados en educación estatal están por debajo del 50 por ciento del total. En 2006, esta proporción llegaba al 66 por ciento. En el segundo quintil, la cifra es de un 43 por ciento. Y en los quintiles superiores, esta matrícula es aún menos relevante.

En algún momento, se insinuó que esta reversión nunca ocurriría en los grupos de menores ingresos, ya sea por la alta valoración de la educación estatal que tenían estos sectores o por el bajo interés de la educación particular subvencionada en atender a estos niños y jóvenes. Es evidente que ninguna de esas razones era atendible. Los padres están buscando —dentro de las limitaciones que imponen la ausencia de información más acabada sobre los desempeños de los distintos establecimientos y la segregación residencial que se observa en muchas ciudades— las mejores alternativas para sus hijos. Es probable que el sistema centralizado de admisiones haya ampliado sus posibilidades de elección y esta nueva realidad, de mayor cobertura de la educación particular subvencionada en todos los grupos de ingresos, esté influida también por ello. Al mismo tiempo, la desmunicipalización y la creación de los servicios locales de educación no parecen estar ayudando a la confianza en el sistema estatal. Se requerían otras soluciones, que no alejaran del todo a los municipios de esta tarea. Nuevas gobernanzas al interior de los gobiernos locales posiblemente podrían haber rendido más frutos que los cambios finalmente aprobados. Estos parecen estar generando otros problemas sin haber resuelto mayormente ninguna de las dificultades que en su momento se denunciaban. Indudablemente se requieren buenos arreglos institucionales para lograr una buena gestión en educación, pero el camino hasta ahora propuesto no parece el correcto.