La llamada crisis de los cuidados, que se refiere a la brecha existente entre las necesidades en esta materia y los recursos disponibles para atender a ellas, se ha transformado en uno de los principales desafíos de nuestro tiempo. En Chile se ha instalado un acuerdo bastante transversal sobre la necesidad de plasmarlo en el diseño de la nueva Constitución, para garantizar una provisión adecuada de cuidados, que considere tanto a quienes los reciben como a quienes los entregan.

El debate está en cuál es la mejor fórmula para abordar la crisis. Siguiendo la tendencia en otros países occidentales, algunos sectores plantean que es necesario “desfamiliarizar” los cuidados e instaurar un sistema que sitúe al Estado como principal garante de estos servicios. El motivo que explica este enfoque es que hoy, como lo ha sido históricamente, son las familias y fundamentalmente las mujeres quienes han asumido el cuidado de sus miembros, especialmente de aquellos más vulnerables, con un costo considerable para ellas (no solo económico). El objetivo, entonces, sería delegar gran parte de esta responsabilidad a otras instancias, para que las mujeres puedan incorporarse sin limitaciones al sector productivo.

No obstante, estas propuestas adolecen de dos problemas centrales. Primero, desconocen las preferencias y necesidades reales de las personas. La evidencia sobre este punto es abrumadora: como lo han mostrado distintos estudios y encuestas nacionales e internacionales, el cuidado familiar sigue siendo prioritario para la mayoría de la población, sin desmedro de que busquen asistencia y complemento institucional para llevarlo a cabo. Segundo, en ellas subyace una visión utilitaria del cuidado que tiende a reducirlo a su dimensión técnica, olvidando su componente fundamental e invaluable: la preocupación por el destino total del otro, donde la familia es insustituible. Ignorar esta dimensión ha traído graves consecuencias, como lo muestran también muchos estudios: niños prácticamente institucionalizados desde muy temprana edad, con vínculos débiles con sus padres, y adultos mayores y enfermos que, si bien pueden recibir una asistencia material adecuada por parte de terceros, muchas veces sufren de una profunda soledad.

Reconocer la primacía de la familia en el cuidado no significa desconocer la urgente necesidad de avanzar en corresponsabilidad al interior de ella, que permita una distribución más equitativa de estas labores. Es verdad, asimismo, que se requiere de un apoyo efectivo, público y privado, en menor o mayor grado, según las circunstancias concretas de cada una. Sin embargo, este debe pensarse más bien desde una lógica auténticamente subsidiaria, que favorezca las condiciones para que las familias puedan estar presentes para los suyos, en lugar de sustituirlas.

Catalina Siles