Finalmente lo lograron. Ayer en el pleno de la Convención Constitucional, por 30 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, se suprimió el pago del impuesto territorial a las primeras viviendas.

Los 30 votos a favor pertenecen a los 22 consejeros republicanos, a cinco de los seis consejeros de la UDI y a tres de los cuatro consejeros de RN; es decir, se abstuvieron un consejero de la UDI, un consejero de RN y la consejera de Evópoli. Por otra parte, el bloque de izquierda completo votó en contra de esta enmienda.

Los que triunfaron ayer no escucharon las opiniones de personas relevantes para el sector, como por ejemplo, no consideraron la posición pública de Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, y probablemente futura candidata presidencial de Chile Vamos, quien estuvo en contra de esta enmienda. Tampoco escucharon las opiniones de los ministros de Hacienda del presidente Piñera en sus dos períodos, Felipe Larraín e Ignacio Briones, quienes consideraron esta propuesta profundamente regresiva y que, además, no tenía sentido de colocarla en una nueva Constitución. Tampoco escucharon la opinión del centro de estudios Horizontal, vinculado a Evópoli, que también se manifestó en contra. Y aún más, la única consejera de Evópoli, presidenta del partido, tampoco votó en contra, sino que se abstuvo.

Junto a estas opiniones hubo muchas otras, tanto de expertos constitucionalistas y de muchos economistas de distintas posiciones políticas que consideraban también esta enmienda un error de proporciones. Pero también hubo silencios, al menos no leí ningún documento de Libertad y Desarrollo, del Instituto Libertad, de la Fundación Jaime Guzmán y de otros variados centros intelectuales de la derecha. No se pronunciaron. Además, a los alcaldes y alcaldesas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que verán significativamente disminuidos sus presupuestos municipales, tampoco los vi, escuché o leí su opinión con respecto a este tema.

De acuerdo con datos del 2022, el Fondo Común Municipal alcanzó los US$ 2.750 millones; de los cuales, alrededor de US$ 1.500 millones provienen del impuesto territorial y de ese aporte casi un 40% proviene de las comunas de Vitacura, Lo Barnechea y principalmente Las Condes. La proyección para este año 2023 es que el impuesto territorial recaudaría US$ 2.000 millones y de los cuales US$ 400 millones provienen de las comunas mencionadas.

Si esto no es una política injusta y regresiva, no sé lo que es, considerando que solo el 23% de las viviendas pagan contribuciones porque están tasadas fiscalmente en $47.000.000 o más. Con lo aprobado ayer se constitucionaliza una de las políticas públicas más regresivas de los últimos años, considerando que más de US$ 1.700 millones dejan de ser pagados por las personas de mayores ingresos relativos del país. Para una comparación, esta cifra, los US$ 2.000 millones, corresponde a un 25% de lo que pretende recaudar el denominado pacto fiscal. Esta cifra equivale, por ejemplo, al financiamiento para seguridad ciudadana que está en el pacto fiscal; asimismo, la sala cuna universal y el sistema de cuidados. En el pacto fiscal ambas políticas tienen un costo de US$ 1.800 millones.

Al dejar al Fondo Común Municipal sin su componente principal, que es el impuesto territorial, alrededor de 230 comunas, de las 345 que hoy existen, dejan de ser viables presupuestariamente. A mayor pobreza y vulnerabilidad en comunas urbanas y/o rurales, mayor dependencia del fondo común.

¿Qué explicación podría tener esta enmienda? No cabe otra que la disputa por la hegemonía al interior de la derecha, particularmente en las tres comunas mencionadas, que no solo constituyen el principal bolsón electoral de la derecha, cuyo promedio de votos alcanza el 80% en estos territorios, sino que además concentra, a través de sus propietarios, el mayor poder político, social, económico y cultural de todo el país. La propuesta, que es de origen republicano, le hizo un jaque mate a Chile Vamos en estos territorios y, sin duda, el objetivo de republicanos con esta política populista es destronar de los municipios mencionados al alcalde y a las alcaldesas de Chile Vamos.

Como usted puede apreciar, si esta fuera la razón, aquí no hay política pública eficiente, aquí no hay racionalidad en la distribución de los recursos, sino sencillamente buscar el voto de quienes dejarán de pagar el impuesto territorial.

Hasta ahora, la conducta y las votaciones de la abrumadora mayoría que en este Consejo tiene la derecha, y particularmente los republicanos, me hicieron recordar a Jaime Guzmán, quien en la plenitud del poder durante la dictadura y mientras terminaba de redactar la Constitución del 80 confesó, públicamente, lo siguiente: “Si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducida para hacer extremadamente difícil lo contrario” (Jaime Guzmán. Revista Realidad N° 7, 1979, pág. 19).