Hace justo diez años, coincidiendo con los cuarenta años del golpe de Estado del 11 de septiembre, andaba yo por China. El primer lugar que visité fue la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), dependiente del Consejo de Estado. Me interesaba conocerla ya que, en ese momento, una de las preocupaciones que atravesaban el debate público chileno era la urgencia por pensar un nuevo modelo de desarrollo. Se reclamaba nuestra falta de “mirada larga”, parafraseando al expresidente Ricardo Lagos, asociada a una prospectiva y planificación vistas como idóneas para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico.

Mis anfitriones me preguntaron qué tipo de sistema político había en Chile. Me extrañó su desconocimiento, pero más me extrañó que me dijeran que la democracia coexiste mal con ambiciones planificadoras. Con sus mandatos rígidos y sus lógicas electorales, vendría a estar marcada por un cortoplacismo que veían como problemático.

Desde otra perspectiva, el psicólogo social Jonathan Haidt señaló algo similar en relación con el proceso constituyente chileno y, más concretamente, al que recibió un sonoro 62% de rechazo en las urnas: “La necesidad de ‘actuar' para las redes sociales hace que esto estuviera condenado desde el principio. Debería haber sido mucho menos democrático y mucho menos trasparente”.

Porque Chile tiene una democracia que asiste a la paradoja de ser catalogada como plena por The Economist, mientras los propios chilenos la perciben como deteriorada, es que el proceso constitucional se ha alargado de tal forma impensada. El desafío se complejiza cuando, además, ha debido enmarcarse en un clima de época donde la democracia misma se encuentra en recesión, en un extendido clima de polarización afectiva. Súmese a ello que cada consulta relacionada con el proceso deriva en el inevitable examen a un gobierno cuyo Presidente, a poco de asumir, adoptó frente a la inédita oportunidad histórica que le tocó una actitud partisana.

Quedando tres meses para el plebiscito de salida para pronunciarse sobre un nuevo texto del que se denomina segundo intento (¿por qué no se contabiliza el trabajo en modalidad de cabildos de la era Bachelet?), el pleno del actual Consejo Constituyente parece querer tropezar con la misma piedra refundacional. En sentido inverso, pero con igual resultado: alejándose de lograr consensos amplios. Está visto que es una desgracia para los países la orfandad de liderazgos que sepan colocar por delante lo que une más que lo que separa.

De hecho, la aspiración a una nueva Constitución, que en su momento se vio como la única respuesta posible a la crisis desatada por el estallido social de 2019, puede ser vista como un eslabón de una búsqueda a lo que la política contingente, aquejada de esa generalidad denominada como “crisis de representación”, no podía dar. En ese tránsito, destacan su judicialización hasta pasar por la aspiración a la pureza que se les presume a los “independientes” sin partido y a los órganos autónomos, hasta llegar a una demanda de recambio generacional por parte de jóvenes que, hoy en el poder, han mostrado que, como el rey, algunos andaban desnudos.

Capítulo aparte merecen las reformas que han posibilitado el ingreso de nuevos partidos al sistema derivando en una fragmentación política de cuyos peligros se advierte en un reciente estudio del Laboratorio Democracia y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS). Se trata este de un nudo gordiano ya procesado por la Comisión Experta y cuya resolución, al parecer, será acogida como parte del resultado de la etapa en curso.

Que Plaza Pública-Cadem arroje que 53% de los chilenos está hoy por el rechazo no es buena noticia. Frente a lo que ello podría traer, sobran fatalismos y faltan voces que contribuyan al control de expectativas.

Chile se ha embarcado en una aventura constitucional polifacética por una vía no anticipada de aproximaciones sucesivas (¿será necesaria una cuarta etapa?). También con una voluntad de innovación inusual en la política y que no deja de ser titánica. Recordemos, al respecto, otra prevención de Haidt: “En este momento, no hay posibilidad de entendimiento de historias compartidas”.

María de los Ángeles Fernández Ramil
Doctora en Ciencia Política y analista política