Más allá de las encuestas, que muestran al país saliendo de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973 más polarizado que antes, cabe lamentar que el Presidente de la República, Gabriel Boric, haya perdido la oportunidad de liderar un proceso más convocante y sobrio, que además de la necesaria consideración por las víctimas permitiera una auténtica reflexión sobre lo sucedido, todo ello para sacar lecciones que contribuyan a fortalecer nuestra democracia. Durante las últimas semanas sus declaraciones y conducta —en el contexto de una serie interminable de eventos, algunos de los cuales estaban más cerca del fetichismo que de otra cosa— han pretendido convertir esta fecha en un hito político, aprovechado para reivindicar la Unidad Popular y la figura de Salvador Allende, confundiendo su papel de jefe de Estado con el de líder de su coalición de gobierno.

Sin la serenidad ni la altura que el recuerdo del golpe de Estado ameritaba, el Presidente parecía desbordado por los acontecimientos al asumir un exagerado protagonismo que lo llevó incluso a involucrarse en las marchas, como si todo el programa estuviera hecho a su medida para cumplir un deseo personal largamente acariciado. Si hace unos días había calificado al recientemente fallecido líder comunista Guillermo Teillier como “inclaudicablemente demócrata”, sostuvo ahora que el expresidente Allende fue “un demócrata intachable”, “un referente” y “que los sueños de ayer siguen vigentes”, y, por contraparte, descalificó a cualquiera que suscriba una interpretación histórica distinta sobre los hechos que condujeron al 11 de septiembre o que, en el presente, advierta de los costos para la convivencia, las libertades individuales y el desarrollo del país que implicaría volver a las políticas y los objetivos impulsados por la Unidad Popular.

En contraste, y como muestra de que era posible una aproximación distinta —integradora e institucional—, el Senado emitió una declaración reconociendo la diversidad de miradas sobre los acontecimientos ocurridos hace 50 años y la responsabilidad compartida en el quiebre de la democracia. El documento enfatiza en “el valor de la democracia, del Estado de derecho, el respeto absoluto de los derechos humanos, la convicción de que ningún proyecto de transformaciones profundas puede impulsarse sin el acuerdo mayoritario de la sociedad y que ninguna diferencia puede llevarnos a perder el respeto esencial que nos debemos como parte de un mismo país”. El texto de consenso fue acompañado por discursos que los senadores pronunciaron solemnemente desde el podio, palabras cuyo contenido complementó las reflexiones de la declaración. Ese ambiente de respeto se manifestó también en sentidos gestos que varios parlamentarios tuvieron hacia la senadora Isabel Allende.

Fue la culminación de un trabajo sigiloso de la mesa del Senado, encabezada por Juan Antonio Coloma (UDI) y el vicepresidente, Francisco Huenchumilla (DC), que permitió dar una señal convocante y crear confianzas, en momentos en que el país necesita alcanzar acuerdos.

Etapa decisiva

Aunque dista todavía de captar el interés de la población, el proceso abierto para alcanzar una nueva Constitución entró ya en sus etapas decisivas con el comienzo de la votación de las normas en el pleno. En estos días se han expuesto con claridad las diferencias, pero es exagerado, como se ha pretendido interesadamente por algunos, comparar esta situación con lo ocurrido anteriormente en la Convención, en que conceptos impulsados por una mayoría, como la plurinacionalidad o la desarticulación del Estado y de instituciones fundamentales, alejaban toda posibilidad de cristalizar en un consenso amplio. Se olvida que apostar así sibilinamente al fracaso de este nuevo esfuerzo constitucional, como se desprende de muchas exposiciones de consejeros de izquierda, no librará a ningún sector de cargar con la responsabilidad de haber vuelto a defraudar a los chilenos.

Sin embargo, lo ocurrido el viernes en el Consejo Constitucional con la votación del primer capítulo da cuenta de que, entre dificultades, se está abriendo paso un texto que permite incorporar a distintos sectores. La falta de apoyo a la enmienda que establecía que “todo ser humano es persona”, respecto de la cual algunos —especialmente desde la izquierda pero no solo esta— plantearon sus aprensiones por las implicancias que podría tener en materia de aborto, es evidencia de que en un punto central está lejos de imponerse finalmente la legítima visión de sectores más conservadores. Naturalmente, se trata de una materia muy sensible, respecto de la cual han surgido entendibles recriminaciones, pero es valorable que el Partido Republicano no haya pretendido transformar este punto en una excusa para salirse del proceso.

Con todo, no se puede desconocer que los costos ante su electorado que podría pagar Chile Vamos por manifestarse en contra de algunas enmiendas queridas por su sector son enormes. De ahí la conveniencia de establecer antes acuerdos amplios, para que un sector o partido no sea siempre el que deba hacer las renuncias en aras de llegar a un texto que permita obtener un apoyo transversal en la población.