Con votación dividida, el Consejo Nacional de Televisión, CNTV, acordó contribuir con unos 550 millones de pesos a la filmación de la serie “Magnicidio”, basada en el libro de Carmen Frei sobre la muerte de su padre. La decisión ha causado asombro, puesto que primero la Corte de Apelaciones, por la unanimidad de sus miembros, y luego la Corte Suprema, también unánimemente, descartaron la posibilidad de que el expresidente hubiera sido asesinado y dejaron establecido que murió de complicaciones médicas. Pero la solución definitiva del caso por los tribunales pareció no impresionar a los consejeros, que han resuelto apoyar a quienes sostuvieron una opinión descartada por la justicia. El CNTV ha indicado que la serie debe cambiar de nombre y no contradecir los fallos, lo que agrega nuevas razones para sorprenderse, en especial si se toma en cuenta que la misma serie ha postulado tres veces a los fondos del Consejo sin que se le hayan otorgado sino hasta ahora, después del pronunciamiento definitivo de los altos tribunales.

“Indigna la pertinacia de quienes interesadamente insisten en la tesis del magnicidio”, afirmó uno de los abogados de los médicos que intentaron salvarle la vida al exmandatario y que terminaron siendo acusados de asesinarlo. Ellos, todos los médicos que participaron de los procedimientos clínicos, son inocentes de los cargos por los que se les acusó, pero el creador y productor de la serie ha insistido en que al hablar de la muerte de Frei, “no estamos hablando solo de un asunto legal, es un tema de derechos humanos y de la memoria histórica de nuestro país”. En ese sentido, afirmó, el tema no puede desvanecerse para “que el pueblo chileno tenga, si no el consuelo de un fallo reparador de la justicia, el de una verdad histórica”. Todo indica, pues, que bajo esa premisa se abordará la filmación y los inocentes aparecerán cuando menos como altamente sospechosos.

De un modo que se podría tildar de extraño, aunque el financiamiento se otorgó en la categoría Series Históricas, se ha dicho que en realidad sería una “ficción histórica”. Pero hacer ficción histórica de hechos contemporáneos, con personas que están vivas, no es inocuo. Arrojar dudas sobre la honorabilidad de personas vivas, o cuyos hijos están vivos, será tal vez causa de recursos legales que tendrán sólidas bases en los dictámenes judiciales. Cabe esperar aclaraciones de parte del CNTV, que ha entregado los recursos indicando cambios que se presumen serán menores y que fueron planteados por los realizadores con posterioridad a la postulación, lo que, a ojos del vicepresidente del Consejo, debiera haber significado su descalificación.

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de realizar una reforma tributaria para financiar más gastos, decisiones como esta llaman la atención del país sobre el buen uso de los recursos públicos. Junto a más de ciento cincuenta programas del Estado mal evaluados, deben anotarse ahora decisiones tan insólitas como la de apoyar una serie de televisión creada con la intención de demostrar un hecho incompatible con las decisiones de las más respetadas instituciones chilenas. Más aún, sus creadores dicen que es una serie con vocación de ser exportada, lo que no redundará en el prestigio de la Corte Suprema ni de los jueces chilenos en los países donde pudiera exhibirse el programa, financiado con recursos de todos los ciudadanos.