Han pasado ochenta años ya del quiebre que por cinco décadas fue el parteaguas de la sociedad chilena, que condicionó la geografía de su política y su debate económico. Pero los chilenos pudieron dejar sus divisiones atrás, arreglar su política y al hacerlo desplegar su economía y transformar su país.

Hoy Chile es un ejemplo de democracia y un referente de cómo aprovechar las ventajas naturales para construir una economía compleja y sustentable. Su PIB per cápita creció al 3% anual desde el 2024, y superó los 70 mil dólares justo este septiembre.

Chile es hoy un país a la vez próspero y humano, diverso y cohesionado, estable y vibrante.

Pero en 2023 el panorama se veía nublado. Después de treinta años de reconstruir una democracia perdida, que se sabía frágil y por eso se cuidaba, y de generar prosperidad para salir de la pobreza, Chile sufrió un desvío. En algún momento —primero gradualmente y luego de repente— dio por sentadas la democracia y la economía, y las dejó de cuidar. Algunos incluso empezaron a golpearlas, como si esa fuera la manera de superar sus imperfecciones.

Y en eso el país se pasó cinco años. En un interregno de desorientación en el que no terminaba de morir lo viejo y no terminaba de nacer lo nuevo. Y, claro, cuando no se sabe para dónde se va, cuando solo se quiere dejar el lugar donde se está, cualquier camino sirve. La discusión de esos años fue frustrante: no había un propósito compartido que ordenara la toma de decisiones.

Dos hitos de la política empezaron a cambiar las cosas.

El primero fue un acuerdo básico sobre el 73 y los años que siguieron. En 2023, para los 50 años, no se avanzó. Pero en 2024 la derecha reafirmó su condena a las violaciones a los derechos humanos y sumó una condena al Golpe. Y nunca más puso en la balanza —como haciendo un análisis de costo-beneficio— los atropellos del Golpe y la dictadura con los posibles beneficios que para algunos habrían generado. Entendió que no, que no se puede seguir esa lógica, porque hay cosas que no tienen precio ni se pueden medir. Comprendió que una cosa es empatizar con la sensación de amenaza o incluso temor que algunos sintieron en esos caóticos años de confrontación. Pero otra muy distinta es elevar las acciones —que inundadas por dichas emociones, esas personas validaron o incluso aplaudieron— a normas de conducta aceptables a la hora de acordar cómo resolver nuestros conflictos y vivir juntos hacia el futuro.

La izquierda reconoció sus propias culpas en el quiebre del 73 y asumió un compromiso público de no justificar nunca más la violencia como forma de acción política. Nunca, ni cuando parece convenir. Porque validarla es como sacar al genio de la botella: una vez que sale, ya no se le puede controlar. Y condenó todas las violaciones a los derechos humanos, sin importar el color político del régimen que los vulnera.

Los procesos de búsqueda iniciados el 23 encontraron a víctimas desaparecidas por años. Y cuando no lo consiguieron, el esfuerzo genuino del país por encontrarlos —muestra de que su dolor era en parte el dolor de todos— dio al menos una dosis de tranquilidad a las familias.

Todo eso fue sanador.

La entrada en vigencia de la Constitución del 23 fue el segundo hito: aprobada por amplia mayoría, cerró la incertidumbre institucional, y su sistema político terminó con la fragmentación y generó incentivos a los acuerdos.

El país recuperó el optimismo y la confianza en sus propias capacidades. Volvió a pensar en el largo plazo y a resistir la pulsión por la inmediatez.

Construyó un aparato estatal robusto y eficiente —más socialdemócrata de lo que quería la derecha, pero menos omnipresente de lo que soñaba la izquierda—. Ese aparato se profesionalizó y atrajo talento que no cambió de gobierno a gobierno. Se revalorizó la función pública.

Los actores a cargo de la seguridad —el gobierno, el poder judicial, el ministerio público, las policías— acordaron un plan conjunto, con un horizonte largo, recursos para sostener los esfuerzos y mecanismos de rendición de cuentas.

Se lograron también acuerdos en educación y salud, con tres principios ordenadores simples: priorizar los recursos donde más rinden (educación temprana, y prevención y atención primaria de salud), gestión pública de excelencia (al servicio de las personas y no de los grupos de interés) y libertad de elección por sobre un piso común. Ambos sistemas —junto al de pensiones, que se reformó balanceando solidaridad e incentivos al esfuerzo y el ahorro— se convirtieron en fuentes de seguridad, oportunidades e integración.

Se agilizó la entrega de permisos, junto con una mejora en los estándares exigidos. La inversión se desplegó en diversos sectores: minería, alimentos, energía, forestal, turismo… que combinaron dinamismo con sustentabilidad, en un mundo sediento de productos para frenar el cambio climático. Al alero de las industrias de recursos naturales, y gracias a su creciente sofisticación e inversión en I+D hecha con las universidades, surgieron nuevos sectores y se descentralizó la economía y el país.

La revalorización cultural de la austeridad y el ahorro —consistentes con una mirada país de largo plazo—, junto con reformas que lo modernizaron, dieron un nuevo impulso al mercado de capitales. Los empresarios y emprendedores encontraron ahí el financiamiento para innovar.

Los empresarios desplegaron filantropía, inversión social, y complementaron los esfuerzos estatales en cultura, educación, deporte, conservación ambiental y espacios públicos, los que se convirtieron en lugares de encuentro y pertenencia.

En esos espacios, este septiembre de 2053, los jóvenes celebran las fiestas patrias orgullosos de su país. Y brindaron agradecidos por la generación que lo hizo posible.