Está mala la cosa y no es fácil decirle que no a la avalancha de ingresos que supuso la llegada masiva de las casas de apuestas al fútbol chileno. Proliferaron como hongos en lugares húmedos y sombreados, y el tinglado creció en los últimos años al punto que ya son casi una treintena de páginas web las que ofrecen, previa rápida inscripción de una tarjeta de crédito, poner en riesgo tu dinero.

Esa inyección de recursos fue como encontrar agua fresca en un desierto. Para la ANFP y para los clubes, incluso para algunos medios de comunicación y periodistas, se hizo imposible decir no en un panorama de ingresos languidecientes.

Es fácil entender lo que pasó e innecesario criminalizar a los protagonistas. Un negocio no regulado entró con fuerza al país y chocó con un mercado fuertemente normado, el de Lotería, Polla y los casinos, que paga cuantiosos impuestos a las arcas fiscales y también entrega recursos a las federaciones deportivas nacionales.

Pero se acabó la fiesta. El fallo de la Corte Suprema que ordena a un proveedor de internet bloquear 23 sitios que ofrecen jugar dinero (que ni siquiera son todos los que hoy hacen publicidad en Chile, como se publicó en estas páginas) es un claro símbolo de que las casas de apuestas no solo requieren un marco jurídico, sino que simplemente están recaudando dinero de manera ilegal.

Y es bueno que eso se entienda de una vez. Hasta que el Congreso dicte una ley, el negocio está prohibido en suelo chileno.

Lo que pase con esa ley será otro tema. Una investigación de radio Bío-Bío reveló que Carlos Baeza, el abogado contratado por cuatro de las casas más “poderosas” del mercado, se reunió con al menos doce diputados para cabildear en búsqueda de una normativa favorable. Baeza representa los intereses de Betsson (auspiciador de la ANFP y que le da nombre a los torneos de Primera y Primera B), Coolbet (sponsor de Colo Colo), Betano (principal patrocinador de la U) y Latamwin (que entrega fondos a O'Higgins, Santiago Morning y Barnechea).

Apostar no es una actividad inocua, tiene riesgos claros y la ludopatía puede llevar a las personas a la bancarrota, pero tampoco se trata de tapar el sol con un dedo, porque hablamos de una costumbre humana de orígenes antediluvianos y no se va a erradicar prohibiéndola por ley. Lo que corresponde es que se realice en un marco claro, que establezca límites, genere recursos para todos y proteja a sus clientes.

Lo que viene ahora es el debate sobre qué pasará con los contratos vigentes, pelea que obviamente será dada en tribunales por los afectados, pero que asusta, pues la posible anulación de estos vínculos puede generar un verdadero socavón en las finanzas del fútbol chileno, que recién se recuperan del impacto de la pandemia y que sufren por la falta de infraestructura y el exceso de idiotas en las barras, fenómenos ambos que se conjuran para afectar recaudaciones e ingresos por abonos.

Que los propios equipos de fútbol exhiban publicidad de estas empresas es éticamente discutible, pero que los futbolistas o cuerpos técnicos participen de las apuestas o las promociones es sencillamente inaceptable, por lo que bien haría la ANFP en sentar cabeza, hacer la pérdida y redactar normas más duras y explícitas al respecto.

Aunque puede que sea mucho pedir.

Andrés Solervicens
Coordinador de Deportes