Las dos profundas fisuras en las laderas dunares próximas a tres edificios en el sector límite de Viña y Concón han obligado a evacuarlos. Las intensas precipitaciones de agosto, acopladas con el poco mantenimiento de un colector de aguas lluvias, provocaron un primer socavón. Cuando, a raíz de ello, se realizaban obras de emergencia para estabilizar la ladera y proteger un primer edificio, otras lluvias intensas abrieron un segundo socavón, tal vez en parte producto de esas mismas obras. Los propietarios han debido abandonar los departamentos —que la municipalidad de Viña del Mar ha declarado inhabitables— y el público se pregunta por las responsabilidades involucradas.

Resulta en principio posible construir en forma segura sobre la ladera de una duna, y es lo que parece haber ocurrido en este caso. El problema, sin embargo, es la erosión, que puede descubrir los sustentos de un edificio. Por lo tanto, es necesario ser especialmente cuidadosos frente a la evolución de la duna, tal vez forestando en la cercanía de la construcción para evitar la aparición de pequeños socavones que puedan crecer rápidamente. En este caso, el origen de la primera fisura fue un colector mal mantenido, del que escaparon aguas por la ladera, creando el socavón que creció hasta poner en peligro el primer edificio.

Así, una pregunta pertinente es la de si era prudente construir sobre esta superficie, considerando que el mayor riesgo de algún accidente en estas formaciones demandaba un mantenimiento continuo y preventivo de los sistemas de protección de aguas lluvias, en particular del colector que falló. La experiencia enseña que este tipo de mantenimiento es una de las debilidades del Estado, y que, además, no se llevaron a cabo inversiones recomendadas para acomodar la mayor demanda debida al auge de construcción en la zona. Estas obras tenían baja prioridad en los planes, principalmente porque el número de hogares protegidos era pequeño. Pero si se examina el costo para los propietarios de la situación actual, las ampliaciones de la red de colectores o el mantenimiento preventivo podrían haberse pagado muchas veces. Esto indica que existen deficiencias en la asignación de responsabilidades por la realización de estas obras, cuyos costos fueron estimados —en un estudio contratado por el MOP hace algunos años— en algo menos de 200UF por propietario, más costos menores de mantenimiento para la temporada de lluvias.

Un segundo aspecto que ha sido esgrimido por los opositores a la construcción en la zona son sus efectos medioambientales. Las de Concón son dunas fósiles cuyas arenas no se renuevan, por lo que son delicadas, y contienen “uno de los escasos remanentes de una biota altamente singular”, como lo sostiene el decreto que en 2012 estableció el santuario de la naturaleza en el campo dunar y amplió el área protegida. Esta era originalmente de 45 hectáreas, fue luego reducida a 12 hectáreas —aparentemente, por presiones de intereses inmobiliarios— y finalmente resultó en el referido santuario de la naturaleza de poco más de 30 hectáreas, luego de intensas presiones de sectores ambientalistas. Así, el proyecto no solo enfrentaba los riesgos propios de la construcción sobre esta superficie, sino también la conflictividad que ha generado el desarrollo inmobiliario en la zona.

Un último tema es si hay obligaciones pecuniarias del Estado para compensar a los propietarios por su responsabilidad en el socavón. Esto será materia para los tribunales, aunque las señales del Ministerio de Obras Públicas luego del primer socavón admitieron inicialmente responsabilidad en lo ocurrido. Pero, más allá de lo propiamente litigioso, el caso obliga a repensar el tema de las obligaciones y facultades para el desarrollo de proyectos de aguas lluvias. Tal vez en el caso de desarrollos inmobiliarios en zonas delicadas como esta, habría que transferir más responsabilidades a los privados, pues estos tienen un interés más directo en asegurar que los colectores no colapsen.