Señor Director:

En reciente carta, el obispo Sergio Pérez de Arce, secretario de la Conferencia Episcopal, nos recuerda los puntos principales del llamado que esa Conferencia hizo hace algunas semanas para evitar que en Chile pueda repetirse lo sucedido hace 50 años: “el respeto de la persona humana, que exige el cuidado irrestricto de los derechos humanos; el cuidar y perfeccionar la democracia, renunciando absolutamente a la violencia política y al quiebre institucional como solución de nuestras divergencias; el diálogo y el acuerdo social y político como base para la construcción de un proyecto común de país; y la reconciliación, como nuestra más urgente tarea, para caminar como una sociedad que no niega sus diferencias, pero las integra en un proyecto compartido sobre la base de la verdad, la justicia, el perdón y la fraternidad”.

Todo ello es muy plausible y necesario de recordar, pero esa Conferencia parece dejar de lado lo que fue sin duda la causa principal del quiebre constitucional, esto es, el mal ejercicio del poder por quienes entonces lo ejercían, Salvador Allende y los partidos que lo rodeaban. Fue lo que denunció el Acuerdo de la Cámara de Diputados del día 22 de agosto de 1973 y que corroboró de manera expresa el expresidente Eduardo Frei Montalva en su conocida carta a Mariano Rumor: “A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación —y lo decimos sin eufemismo alguno— corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país” (8/11/1973).

A los puntos que en su llamado señala la Conferencia Episcopal sería, por lo tanto, conveniente agregar este otro: que quienes disponen del poder político en la nación hagan un buen uso de él. Es, sin duda, la principal conclusión que puede y debe extraerse de la conmemoración por la que acabamos de atravesar: nunca más hacer un mal uso del poder hasta el punto de obligar al país a una defensa propia que en definitiva puede provocar impredecibles consecuencias.

Gonzalo Ibáñez S.M.