La evidencia nos ha demostrado que los países pueden cambiar significativamente en 50 años, para mejor y para peor. Hay un alto nivel de consenso en economía en que son las instituciones el factor explicativo fundamental de esos procesos. La evolución incremental y sostenida hacia instituciones políticas y económicas más inclusivas conduce al desarrollo económico y a mejorar el bienestar de grandes mayorías, mientras que, si se hace hacia las instituciones más extractivas, se conduce al estancamiento y empobrecimiento de vastos sectores.

Ya tenemos cuatro de estos períodos de 50 años que podríamos traer a la vista para identificar nuestra evolución institucional. Estas son fechas sensibles para hacer esa reflexión.

Cincuenta años atrás se destruyeron instituciones políticas inclusivas que facultaban a ciudadanos decidir sobre su propio destino, con un sangriento golpe del Estado y posterior dictadura. Además, se habían debilitado seriamente instituciones económicas inclusivas mediante estatizaciones generalizadas. Para peor, vino más barbarie hacia personas, costándoles incluso la vida, además del dolor a sus familias. A cincuenta años de esa negra época, no podemos decir que las elites políticas hayan relevado a la estatura que se merece: i) el valor de la amistad cívica y de la empatía, y ii) su obligación de acordar políticas públicas que demanda la ciudadanía (pensiones, salud, vivienda, etc.). Estas dos materias son características privativas de sociedades que avanzan decididamente hacia instituciones inclusivas, y al no estar a la altura, se ha favorecido la desvalorización popular por las mismas instituciones democráticas que esas elites encarnan, favoreciendo la construcción de instituciones extractivas.

Cincuenta años previos a septiembre de 1973, en 1923, podremos reconocer demasiadas rimas históricas. En ese entonces, Chile se recuperaba de la gripe española que le había costado la vida a 40 mil chilenos; se electrizaba al país con la construcción de una novedosa planta hidroeléctrica (Maitenes) que les cambiaría el perfil al transporte público y a la industria. Sin embargo, la elite gobernante se encontraba ensimismada en una convivencia enviciada, incapaz de resolver ágilmente sobre políticas públicas demandadas popularmente, necesarias para mejorar el estándar de vida de la mayoría de las personas.

Se gatilló un golpe de Estado en la misma fecha 49 años antes del que conmemoramos ayer, y que fue procedido por otro en 1925. La Constitución surgida de esos golpes de Estado dio lugar a casi 50 años de actividad política democrática, con progresos en ciertas áreas y estancamientos en otras. Con todo, fue igualmente debilitada por una nueva elite política ensimismada y carente de ejercer amistad cívica, y tristemente derrotada por las armas, otra vez.

Si miramos cincuenta años previos a 1923, nos encontramos con una elite política que ponía fin a la fusión Liberal-Conservadora en 1873, lo que dio pie a las reformas políticas liberales. Estas les abrieron el espacio a nuevos sectores sociales en participación política y en educación escolar, y fuera del cálculo de esa elite, en 1877, se gatilló el acceso de las mujeres a la Universidad de Chile reclamado al Estado por las sostenedoras Antonia Tarragó e Isabel Le-Brun. Esa trayectoria de transformaciones institucionales inclusivas se devino por la guerra del Pacífico y una fuerte expansión salitrera, que provocó disputa por sus frutos y se alimentó un nuevo ejercicio de la enemistad cívica hasta 1891. La elite post 1891 no promovió decididamente la construcción de instituciones políticas y económicas más inclusivas desde arriba hasta 1923, aunque desde abajo la sociedad lo reclamaba y lograba algunos aciertos (mujeres, electrificación).

Debemos visibilizar los logros que surgen a pesar de la enemistad cívica endémica que nos aqueja. El metro —una institución eminentemente inclusiva— no solo beneficia a más territorios de la capital y personas a diario, sino que además funciona con menor evasión que otros medios de transporte. Su expansión es un logro de la elite política post 1990 que transcendió períodos presidenciales y que abordó inclinaciones territoriales de los parlamentarios. Si no sabemos derrocar de su vergonzoso y perenne sitial al que trepa cada tanto la enemistad cívica, por mucho más que 50 años, al menos reconozcamos que si somos capaces de más y el Metro es un ejemplo evidente y a la vista.

Bernardita Escobar Andrae
Profesora titular FACEA Universidad de Valparaíso