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Editorial
Martes 12 de septiembre de 2023
Un proceso constitucional riesgoso
No parece haberse calibrado el costo que para los actuales partidos y representantes puede tener una nueva experiencia fallida .
Hace poco más de un año el proyecto de nueva Constitución elaborado por la Convención sufrió un rechazo categórico. La gran mayoría del mundo político se comprometió a iniciar un nuevo proceso en caso de que esta opción resultara ganadora. Se acordó un itinerario que se ha ido cumpliendo y que ahora enfrenta su última etapa. Pero la posibilidad de tener un texto validado por la población se ve difusa. La ciudadanía muestra bajo interés y parece inclinarse por votar en contra. No es evidente, en todo caso, que sean sentimientos muy fuertes. Hay más bien escepticismo. El proceso original partió con elevadas expectativas que fueron claramente defraudadas. Es imposible, entonces, que el actual no esté sometido a un fuerte escrutinio.
Al mismo tiempo, la ciudadanía probablemente ha entendido mejor el alcance de una nueva Constitución y no espera, por tanto, que se traduzca en un conjunto de iniciativas de impacto inmediato. Por eso, la idea de que hay que incorporar elementos a la nueva Carta Fundamental que la hagan más “atractiva” es equivocada. Todos ellos suelen ser más bien cuestiones de política pública. En tiempos normales, estas son objeto de un gran debate que se resuelve por medio de una deliberación razonada. Sin embargo, con plazos tan acuciantes como los de este proceso, el intento de incorporarlas, antes que motivar una adecuada deliberación, solo las termina haciendo motivo de intensa disputa e incluso llevando a olvidar el valor de un texto constitucional compartido. Por lo demás, los contenidos que puedan servir al posicionamiento de un partido o grupo político específico se diluyen con rapidez y no contribuyen realmente a su proyección. El fallido proceso anterior fue ejemplificador al respecto.
En ese sentido, los resultados de un sondeo realizado por la iniciativa “Tenemos que hablar de Chile” de las universidades de Chile y Católica son muy ilustrativos. Tanto gobierno como oposición, y también los consejeros de todos los partidos, serían responsabilizados de un nuevo fracaso constitucional en proporciones que bordean el 60 por ciento. Las diferencias registradas para cada agrupación están dentro de los márgenes de error del estudio. Esto sugiere, entre otros aspectos, que a la población le gustaría más bien un proceso unitario y que, si ello no resulta, no está dispuesta a eximir a ningún sector de esta responsabilidad. Es obvio que este deseo no es incompatible con que se perciba que la probabilidad de que ello ocurra es baja. Dicha opinión es coherente con otras que se observan en las últimas encuestas del CEP, que sugieren que la ciudadanía valora que los políticos se pongan de acuerdo, aun si tienen que ceder en sus convicciones.
En este escenario, si bien el castigo es indistinguible por sector político, el impacto más duro, en términos relativos, se dejará probablemente caer sobre aquellos que han tenido un mejor desempeño electoral en el último tiempo, diluyendo en parte su ventaja. En cambio, si dan cuenta de generosidad política para buscar un acuerdo, atendidas las sensibilidades de la ciudadanía, el sustento a su posición podría fortalecerse. Por cierto, la evolución de los apoyos no obedece a un único factor, pero la oportunidad de un gran acuerdo, en momentos en que las divisiones se han hecho muy marcadas, será bienvenida por la población.
Además, evitaría un riesgo que está rondando la política chilena. Esta no parece haber calibrado bien el costo que para los actuales partidos y representantes puede tener una nueva experiencia fallida en materia constitucional. Es tentador sostener que el escenario político es muy fluido y, por tanto, de no haber un nuevo texto constitucional, este hecho pasará rápidamente al olvido. La ciudadanía, sin embargo, es más sofisticada y esa fluidez precisamente tiene que ver con una mirada más crítica de sus representantes. Más probable que el olvido, es una profunda decepción que lleve a una sensación de que todos deben ser reemplazados. Este hecho abre la puerta a liderazgos populistas o autoritarios que hasta ahora han estado ausentes del escenario político chileno.