Qué duda cabe. En el escenario actual de nuestro sistema de salud —del cual ya se ha dicho casi todo— hay diferencias de opinión en varias materias, pero consenso en su urgencia. El tiempo se acabó: o respondemos al desafío o caemos en una grave crisis.

En ese contexto parece relevante girar la discusión hacia la solución y no seguir entrampados en responsabilidades cruzadas. Debemos ser capaces de poner sobre la mesa las alternativas de salida a esta grave contingencia que afecta a los más de 19.000.000 de personas que habitan en nuestro país, y plantear las alternativas desde la mirada y la experiencia de todos los actores que conforman el sistema.

¿Qué aspectos parecen relevantes en la solución?

La urgencia de la ley corta para llegar a la anhelada reforma: El proyecto de ley representa una oportunidad para que los diversos actores involucrados determinen un mecanismo de devolución practicable, y a la par se aborden temas como el fortalecimiento de Fonasa. Así, dividir el proyecto de ley aparece como la mejor vía para avanzar con determinación, sin confundir temas, y responder, lo más rápido posible, a los 16 millones de afiliados del sistema público y a los cerca de tres millones del sector privado.

La búsqueda de acuerdos no puede perder de vista los demás desafíos del sistema de salud que podrían ser considerados para alcanzar la esperada reforma, como legislar sobre el Plan Único de Salud sin tabla de factores de riesgo, con un fondo de compensación, que resuelva el tema de las preexistencias y que sea ofrecido por aseguradoras públicas y privadas; tener como sistema de salud una política orientada a la prevención y promoción del bienestar, y hacer más eficientes y efectivos a los prestadores públicos de salud.

Operar con realidad: El alza de los costos de salud demanda soluciones realistas. No podemos pretender contar con seguros de salud que funcionen sin cubrir sus costos, ya que los más perjudicados con una eventual quiebra serán los pacientes afiliados. Muchos de ellos se encuentran con tratamientos en curso y su tranquilidad descansa en la estabilidad financiera de su aseguradora y del sistema de salud en su conjunto.

Por ello, estimamos necesario buscar los incentivos para que los afiliados a isapres que mantienen sus planes tarificados con la tabla antigua pasen a tener nuevos planes con la tabla actualmente vigente, reconociendo que no parece factible reajustar el precio base de planes antiguos. Este cambio, además de resolver los problemas de la antigua tabla de factores, le permitirá incluir prestaciones tan relevantes para los pacientes como la salud mental, las que en los planes actuales contemplan la misma cobertura que las restantes prestaciones.

Ante un sistema altamente estresado financieramente, y la necesidad de responder al mandato de la Corte Suprema, creemos importante darle cumplimiento al fallo mediante mecanismos que aseguren la viabilidad del sistema privado de salud. Solo la sentencia GES implica que el sistema en su conjunto dejará de recibir aproximadamente MM$ 40.300 al mes (MM$ 483.600 al año), sin contar los menores ingresos que eventualmente se generarán por la aplicación de la ley corta.

Si alguna isapre cae en insolvencia, se estima que entre un 25% y 30% de su cartera deberá migrar al sistema público, el que actualmente enfrenta una situación crítica con listas de espera que acumulan 315 mil cirugías, más de dos millones de consultas con especialistas y 70.217 patologías GES que están en incumplimiento en su garantía de plazo para el tratamiento.

Tenemos la tremenda oportunidad de consensuar una reforma que lleva más de 15 años esperando. La ley corta puede ser el puente que nos permita avanzar a un nuevo sistema de salud. De lo contrario, serán los pacientes que están tratando sus patologías oportunamente, con prestadores privados y financiados por su plan de isapre, los que se verán perjudicados.

Cristián Piera
Gerente general Clínica Alemana