La situación del Instituto Nacional no da para más. Esta semana fueron llamas en su entrada, antes los overoles blancos e incendios en salas. Ya nada sorprende. La debacle en resultados, caída en postulaciones, pérdida reputacional, tomas y paros. Fue referente de la educación pública, hoy el reflejo del daño programado infligido a la misma y de la decadencia que lo acepta con indiferencia. Es un colegio con un espacio físico demasiado chico para su historia, pero demasiado grande para los vándalos que lo pululan. Con pena, dolor y rabia, hay que decir basta.

Hubo esfuerzos para salvarlo desde parte de la comunidad institutana. Sin embargo, llegó el momento de reconocer nuestro fracaso. Su ubicación estratégica —esquina de Arturo Prat con Alameda— es explotada por antisociales y radicalizados sin contrapeso. Mención aparte merecen los cómplices pasivos, aquellos que desde la vereda “técnica” enarbolaron consignas que contribuyeron al desmantelamiento del colegio, o quienes no han podido (¿querido?) restituir el orden en las aulas. Los riesgos y perjuicios para los estudiantes son enormes.

¿Qué hacer entonces? Aprovechar las ventajas comparativas del sostenedor del establecimiento, la Ilustre Municipalidad de Santiago, para cortar de raíz el problema. Sabemos que lo educacional no es lo suyo (la situación de los emblemáticos lo demuestra), así es que aprovechemos la experiencia en un tema en que su actual administración parece más interesada: el inmobiliario.

Si bien el colegio fue fundado en 1813, su edificio actual, obra del arquitecto José Llambias Merchant, data de los 60. Ocupa un espacio de cerca de 14.000 m{+2}, con una superficie construida de 40.000 m{+2}. Son seis niveles y tres subterráneos, en lo que debería ser una de las manzanas más atractivas de todo Chile. Incluso si consideramos un precio por m{+2} castigado por el deterioro de la capital, estamos hablando de un activo inmobiliario de varias decenas de millones de dólares. ¿Y si se vende?

Para Santiago sería una oportunidad. Primero, se protegería a los actuales estudiantes tanto en su proceso de formación como integridad física. Segundo, se evitaría el inmenso costo social que significan los actos de delincuencia que se irradian desde el establecimiento (¿no fue factor tras la cancelación de clases del lunes en toda la comuna?). Tercero, una fracción de las platas podría ser destinada a apoyar a aquel municipio dispuesto a alojar y proteger a un nuevo Instituto Nacional José Miguel Carrera, un acto de grandeza republicana para al menos salvar la marca. Cuarto, sería una ocasión para potenciar un centro en total decadencia con la renovación de un edificio que podría albergar desde proyectos residenciales hasta culturales. De hecho, con los recursos de la venta se podría construir allí mismo un Cesfam para compensar por el fiasco de Sierra Bella.

No sería la primera vez que el Instituto Nacional cambia de dirección. Sería una medida extrema, el reconocimiento de un fracaso monumental. Sin embargo, ¿hay real alternativa?