El debate constitucional está entrando en tierra derecha. Aunque el plebiscito está fijado para mediados de diciembre y quedan varias etapas intermedias —luego de las comisiones, vendrán la votación del pleno, la revisión por la Comisión Experta y, eventualmente, la comisión mixta—, el tiempo para lograr aprobar un texto y socializarlo con antelación ante la opinión pública es escaso.

Es por eso que los miembros del Consejo Constitucional y los partidos políticos deben comenzar a despejar dudas, buscando aproximarse a una propuesta que sea razonable y, a la vez, convocante. Después del ingreso de numerosas enmiendas al texto que concordara la Comisión Experta, cuesta visualizar por parte de las personas el verdadero estado del debate y las diferencias entre las enmiendas que se están discutiendo y el texto original de los expertos, más allá de temas específicos —como la discusión sobre contribuciones, por ejemplo— que generan evidente interés ciudadano.

La popularidad o interés que una determinada materia suscite en las personas no es, sin embargo, razón suficiente que justifique su incorporación en la propuesta constitucional. El Consejo debe hacer los máximos esfuerzos por mantener el debate dentro de ciertos marcos técnicos básicos, procurando evitar, en particular, que cuestiones propias de la discusión de políticas públicas entren al texto final. Aun cuando se trate de planteamientos que hoy gocen de cierta popularidad, utilizar la Carta Fundamental para zanjar ese tipo de materias rigidiza anticipadamente el debate político y lo deja atado a fórmulas que eventualmente pueden demostrarse equivocadas. Ello no significa renunciar a incorporar en la propuesta materias que generan preocupación en la ciudadanía —un ejemplo podrían ser los derechos de las personas sobre sus ahorros previsionales— y, de este modo, ofrecer un cierto horizonte de estabilidad.

Una Constitución debe, en efecto, saber dar respuesta a la particular experiencia histórica de un país, pero sin que ello signifique restringir los márgenes propios de la política democrática. En este sentido, encontrar un justo equilibrio entre la pertinencia técnica y la capacidad de atender las preocupaciones ciudadanas es de particular relevancia.

Por cierto, aunque las personas en la actualidad parecen mirar con distancia el proceso, cerrar la discusión constitucional sigue siendo importante para el devenir nacional. Especialmente fuertes han de ser los incentivos en ese sentido para quien busque liderar el país en un próximo gobierno, por cuanto le permitiría poder concentrarse en aquellos debates sustantivos de políticas públicas que preocupan a los ciudadanos. Quizá incluso el desgano que expresa parte de la población a este respecto se deba a que percibe que, desde su origen, los problemas del país no pasan por la Constitución.

Ello no obsta para que el tema, que ya está planteado, deba zanjarse de buena manera y con mayorías relevantes. Un texto convocante para un grupo mayoritario del país, que incorpore transversalmente a fuerzas significativas de todo el espectro político permitirá despejar incertidumbres institucionales y ofrecer también estabilidad, requisito básico para el desarrollo y la inversión. En efecto, el dinamismo económico, necesario para enfrentar las necesidades urgentes de la población en materia de empleo, salud y seguridad, demanda certeza institucional, y esta última debe partir por el mayor esfuerzo para aprobar un texto sólido.