Septiembre es un mes especial para los chilenos por la sucesión de fechas simbólicas que se conmemoran, comenzando por el día 4, cuando por décadas se celebraron, cada seis años y hasta el quiebre de la democracia, las elecciones presidenciales. Hacer coincidir la realización del pasado plebiscito constitucional con la fecha en que triunfó Salvador Allende tenía, pues, una doble significancia. Evidentemente, el Gobierno no preveía que la opción Rechazo se impondría y menos por el amplio margen que lo hizo. Algunas encuestas anticipaban un empate y, hasta avanzado el conteo de votos, no parecía haber convencimiento en el oficialismo de que se avecinaba una derrota. La instalación de un escenario en La Moneda ese día y su posterior retiro evidenciaron que se confiaba en que el llamado a la participación ciudadana, la inclusión de las demandas identitarias en el texto constitucional y las propuestas dirigidas a responder al supuesto malestar expresado en el “octubrismo” se reflejarían en un resultado favorable en las urnas.

El alto porcentaje obtenido por el Rechazo dejó así descolocado a un gobierno que —en declaraciones de uno de sus principales ideólogos, el entonces ministro Giorgio Jackson— había condicionado su propio programa al resultado plebiscitario y, además, había decidido involucrar directamente al Presidente y su gabinete en la campaña del Apruebo. Un año después de esa votación que debilitó severamente su relato político, el margen de maniobra del Ejecutivo sigue siendo restringido frente a una ciudadanía que mayoritariamente desaprueba su gestión.

La transversal movilización del electorado fue un factor determinante en aquel resultado. Un número histórico de votantes concurrió a las urnas para rechazar abrumadoramente un texto constitucional cuyo perfil refundacional resultaba amenazante y ajeno a la propia idiosincrasia, al punto de hacer confluir una inédita suma de fuerzas, que abarcaron desde la centroizquierda hasta la derecha, pero también múltiples voces ciudadanas. Estas, preocupadas primero por la forma que había tomado el proceso constitucional durante el funcionamiento de la Convención, vieron confirmadas sus aprensiones al constatar el fondo del proyecto.

Liderazgos ajenos a la política y figuras históricas de los distintos sectores coincidieron en encender alarmas, pagando un alto costo, que implicó cancelaciones, expulsiones de partidos, funas y amenazas. Determinante fue la acción de diferentes grupos que se organizaron para defender distintas causas, como el derecho de los padres a la educación de sus hijos, la defensa de las tradiciones rurales o la propiedad de los fondos previsionales. La amenaza que la propuesta representaba en esas materias se sumaba a contenidos que rompían con nuestra tradición republicana, como la supresión del Senado, una judicatura con independencia debilitada o una plurinacionalidad que amenazaba con desmembrar al país, interpelando a una diversidad de sectores a defender sus ideas y valores. De este modo, primero sotto voce y después públicamente, el Rechazo convocó y se expresó.

El resultado del 4 de septiembre de 2022 marcó así un punto de inflexión en un debate público que hasta entonces parecían dominar las voces del “octubrismo”. Con todo, a un año de aquello, no parece haber una clara introspección de quienes impulsaron las posturas refundacionales del proyecto constitucional; si bien algunos de ellos hoy cuestionan actitudes de la fallida Convención y el modo en que se enfrentó el proceso, no se advierte una crítica de fondo a los contenidos de esa propuesta. Es más: algunos sectores del oficialismo intentan aprovechar ahora la conmemoración de los 50 años del golpe militar para insistir en su programa original, esta vez relacionándolo con el “inconcluso” proyecto de la Unidad Popular.

En el plebiscito del 4 de septiembre, la ciudadanía expresó de manera robusta que, antes que refundaciones radicales, demanda de la clase política la implementación de reformas que entreguen soluciones a problemas urgentes que afectan directamente su calidad de vida. Por el contrario, la conducta del Gobierno y su relato, particularmente durante las últimas semanas, lejos de hacerse cargo de ello, parecen estar solo focalizados en asegurar el apoyo de su base electoral más dura e ideológica.