“El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”.

El enunciado fue aprobado este 31 de agosto por la Comisión de Derechos del Consejo Constitucional. La instancia está conformada por 14 integrantes: cinco republicanos, dos RN, un UDI y otro independiente UDI; un PS y otro independiente PS; un comunista, un RD y un Convergencia Social. La propuesta se aprobó por nueve votos a favor (todos de la actual oposición al Gobierno) y cuatro en contra (todos del oficialismo). No votó el consejero del PS.

Es difícil encontrar un tema económico que haya generado una reacción de rechazo tan transversal como la idea aprobada por los consejeros. Dos expresidentes del Banco Central (Vittorio Corbo y José De Gregorio), dos exministros de Hacienda (Felipe Larraín e Ignacio Briones), un miembro y una exconsejera del Consejo Fiscal Autónomo (Hermann González y Paula Benavides), además de destacados académicos, economistas y directores de centros de estudio han criticado la idea. La mayoría de ellos, por cierto, de sectores cercanos a la derecha.

Razones para cuestionar la propuesta tienen de sobra. Al menos en cuatro dimensiones.

La primera tiene que ver con las formas. La Constitución es un marco general, no un manual de particularidades. Y en temas impositivos esto es muy importante. Es sorprendente que muchos de quienes defendían que el Congreso era el lugar idóneo para realizar los ajustes necesarios sean los que ahora quieren tallar en piedra aspectos más bien casuísticos que tienen más que ver con visiones ideológicas que con techumbres comunes, precisamente cuando la necesidad de ejercer una fuerza centrípeta en el Consejo es fundamental.

La segunda es de carácter económico. La propuesta es regresiva por donde se le mire. En Chile existen 5,5 millones de viviendas con destino habitacional: 1,3 millones (23%) pagan contribuciones y 4,2 millones (77%) no lo hacen, porque su avalúo fiscal es menor que los $47 millones.

Hay pocos impuestos en Chile que cumplan con las características de las contribuciones: generan alta recaudación (casi US$ 2.600 millones anuales), se paga más entre más vale la propiedad, su pago es casi imposible de evadir, y el beneficiario final no es solo el municipio donde está el bien raíz, sino también las comunas más pobres del país. Además, tiene monto exento (hasta $47 millones) y hay rebajas de hasta el 100% para quienes demuestren ingresos inferiores a los $850 mil mensuales.

Las contribuciones operan también con tasas progresivas. Entre el monto exento y el avalúo fiscal de $169 millones, la tasa llega al 0,893%, mientras que lo que supera esa cifra paga una tasa de 1,042%. Los contribuyentes que tienen propiedades con avalúos sumados de más de 827 UTA (cerca de $600 millones) pagan una sobretasa que va entre el 0,025% y 0,475%.

Esta construcción escalonada hace que Vitacura, Las Condes, Providencia y Lo Barnechea, las cuatro comunas donde viven más chilenos con altos ingresos, sean también las que más pagan en porcentaje de viviendas (más del 90%) como en montos absolutos. Al revés, en Lo Espejo apenas paga el 3,6% de las viviendas, de acuerdo con un estudio realizado por Horizontal.

Acá se abre otro punto: si los impuestos solo deben gravar las rentas provenientes del capital y el trabajo, o también los patrimonios (como son los bienes raíces), que han sido adquiridos por dineros que ya pagaron sus impuestos. Pero esto podrá ser un interesante debate para tramitar una ley, pero no para redactar una Constitución.

La tercera dimensión es histórica y poco conocida. En 2022 se aplicó el último reavalúo por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). En este proceso no solo se elevó el monto exento de las propiedades —de $38 millones al monto actual— sino que además se fijaron las nuevas tasas de cobro. “Estas corresponden a las más bajas de la historia”, informó el propio SII.

La última dimensión es de percepción política. La luz de la evidencia técnica es el mejor consejo para impulsar políticas públicas justas y razonables. Pero la propuesta de eliminación de las contribuciones a rajatabla parece más una iniciativa de Javier Milei que una elaborada después de un análisis económico maduro.

Cuando queda apenas una semana para comenzar el Pleno del Consejo, sería esperable que los consejeros se centren en un trabajo serio, generoso, políticamente viable y técnicamente sostenible, y que eviten aventurarse en contribuciones que no contribuyen en nada a los principios mencionados.

Cristián Rodríguez C.